Publicación del 23 de febrero de 2023
Por Héctor Ramírez Cuéllar / El Machete
El caso judicial de Genaro García Luna, que se ventila en un juzgado de la ciudad de Nueva York, independientemente de la resolución que al respecto tome el jurado, lo cual no sería un hecho relevante, ya que los fenómenos que presenta siguen y seguirán existiendo, revela una serie de aspectos políticos que son estructurales en el funcionamiento del estado mexicano y de las relaciones que tenemos con los Estados Unidos. Estas semanas han sido ricas y aleccionadoras, pero no solo sobre el pasado sino sobre el presente y el futuro ya que la colaboración de los beneficios recíprocos que existen entre autoridades y narcotraficantes persisten, el funcionamiento del sistema de justicia es una maquinaria que no se paraliza, los grandes lineamientos de las operaciones binacionales realizadas siguen su curso, son intrínsecamente esenciales entre ellos y solo esperamos que cuando las circunstancias políticas lo permitan, se efectúe un nuevo acto de exhibicionismo institucional.
En estas semanas, en que se reunió el Jurado en el distrito de Brooklyn, la venta de drogas, ahora de fentanilo, hacia la Unión Americana, siguió funcionando con “normalidad” ya que así lo estaban demandando las ineluctables leyes del mercado libre, en las principales ciudades norteamericanas no se registraron acciones policiacas muy significativas y en México siguió en forma imparable la presencia violenta de los grupos organizados en por lo menos 13 entidades federativas, lo que confirma que estamos ante la manifestación de fenómenos que son de carácter permanente, que no deben a periodos sexenales, que no toman en cuenta los tipos de gobierno existentes y que por lo tanto no se pueden superar en el marco de las actuales relaciones capitalistas de producción y en el contexto de los regímenes políticos actuales.
Hay muchos García Luna, Mayo Zambada, Chapo Guzmán, en mayor o menor medida o magnitud ya que su función en el marco del sistema capitalista es importante pues le permite otorgar una gran velocidad del movimiento de los capitales, los cuales se han ampliado y fortalecido bajo las normas del capitalismo financiero. Estos excedentes de dinero o de dinero capital son muy útiles y necesarios por lo que les facilitan las condiciones políticas y sociales para efectuar operaciones muy ágiles y eficaces, en las instituciones bancarias, entre los grandes comerciantes y prestadores de servicios, que a su vez compiten entre sí en cada territorio, pero también lo hacen con competidores de otras naciones. Esta naturaleza nos permite afirmar que se trata de fenómenos de carácter internacional, que solo puede ser combatidos eficazmente en ese nivel, con la utilización de las tecnologías más avanzadas, pero también contando con la cooperación auténtica y real, de todos los gobiernos del mundo lo cual se puede considerar una utopía en un momento en que existe una fuerte disputa entre las grandes potencias industriales, como China, Rusia y los Estados Unidos.
Si el asunto se examinara desde la perspectiva de la ubicación del narcotráfico y de sus resultados económicos y sociales, en el seno del sistema capitalista, entonces , el juicio de García Luna podría considerarse como expresión de exhibicionismo político del gobierno de los Estados Unidos y de una perfecta anulación de los principios más elementales del derecho, incluso desde antes que fuera codificado en la vieja ROMA, ya que la conducta de un delincuente narcotraficante incrustado en el gobierno de un país, México, fue señalado por otros delincuentes narcotraficantes a los cuales sirvió durante su gestión administrativa o que fueron de otros carteles adversarios, no habiendo presentado en esta mascarada ninguna prueba concreta fehaciente, que fundamentara sus imputaciones, actuando de acuerdo con las normas del derecho burgués prevaleciente.
En virtud de la amplia disponibilidad de datos estadísticos, desde el sexenio de Vicente Fox, hasta el actual, la política estatal de enfrentamiento contra los grupos delincuenciales, que básicamente se dedican al cultivo, trasiego y venta de drogas, ha fracasado, e incluso se han agravado en los últimos años. Pero convine preguntase si se trata realmente de un fracaso o ahora estamos entrando a una etapa de nuevas forma de coexistencia entre las instituciones estatales y los grupos de narcotraficantes, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que no le interesa realmente seguir con la vieja política prohibicionista, ya que por lo menos en la mitad de las entidades de la Unión Americana el consumo de drogas ya es legal, pero México, uno de los principales proveedores, sigue actuando a la manera antigua, es decir, está reiterando en su carácter de ser un territorio de tránsito de grandes volúmenes de drogas de nuevo diseño como las anfetaminas y el fentanilo y que en algunos caso, ya es un gran y creciente consumidor.
En las últimas décadas, impera una coexistencia pacífica entre los grupos del narcotráfico y los funcionarios públicos en todos los niveles, como se demostró claramente en las pasadas elecciones locales en los estados del noroeste del país en donde triunfaron los candidatos de Morena; en muchos municipios los narcos designaron a los principales directores e impusieron el cobro de piso, a la manera de un “nuevo impuesto” que deben pagar todos los ciudadanos, se presentaron múltiples denuncias sobre el uso de dinero ilegitimo en las campañas electorales en varios estados, sobre todo en el estado de Tamaulipas, en los que participaron también candidatos del PRI, el PAN, persistiendo la hegemonía de dos grandes organizaciones nacionales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación que incluso realizan operaciones a nivel internacional. Desconocemos si hubo acuerdos específicos al respecto, pero lo importante es que está en funcionamiento una diferente forma o mecanismo de convivencia entre los representantes del poder político, con los grupos mafiosos.
En este contexto, ni al gobierno de los Estados Unidos ni al de México les interesa combatir con energía y eficacia a esos grupos, por lo que, en virtud del gran poder económico y político que tienen y que despliegan, tienen la capacidad suficiente de generar mayores niveles de violencia, de modificar a su arbitrio la distribución regional del poder político, lo cual no les conviene a ninguna de las partes, a menos que exista un pacto entre ellos y, por lo tanto, el juicio de García Luna, es tan solo, un incidente de esta gran colisión de poderes. Mientras tanto, las campañas electorales tendrán un costo demasiado elevado y la capacidad del INE para detectar el origen y el curso de estos recursos ilegales será menor, siendo esta una de las finalidades del llamado plan B.
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