Por Camelia Muñoz/Heridas Abiertas

La atención a las violaciones de Derechos Humanos está ausente en la Agenda para Mejorar la Calidad de Vida que el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó durante su campaña y que reúne los 10 ejes de lo que será su gobierno desde este primero de diciembre.

En el sitio https://manolojimenez.mx/agenda/ están desglosados estos puntos, pero ninguno aborda temas como la desaparición de personas, la crisis migratoria o la inclusión de la comunidad LGBT+.

Ante la ausencia de estas temáticas durante las propuestas de campaña, asociaciones civiles, defensores de derechos humanos y periodistas emitieron un pronunciamiento esta semana que titularon: “Cuando la Verdad y Justicia se hagan realidad, iremos Pa’ delante”.

“Le recordamos las promesas que hizo tras ganar la elección a la gubernatura de Coahuila, entre las que, por cierto, no mencionó ninguna política pública referente al tema de derechos humanos”, expusieron.

Entre los pendientes y retos que le señalan al gobernador está la búsqueda de 3 mil 318 personas desaparecidas y no localizadas en Coahuila.

“El establecimiento de la justicia, el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos del 2006 a la fecha en nuestro estado, la sanción a las personas responsables incluyendo servidores públicos de administraciones pasadas y de su gabinete que pudieron incurrir en la comisión de delitos y graves violaciones a los derechos humanos. La atención a la crisis forense, específicamente la identificación de más de mil cuerpos y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas; así como la recuperación, centralización y análisis de la información”.

En el tema migratorio señalaron que los  retenes de vigilancia que mantiene la Policía del Estado “han demeritado su fin para convertirlos en espacios de robo a personas migrantes en el caso del de Monclova y de abuso sexual en el de Piedras Negras”.

También piden fortalecer los procesos locales de acompañamiento al programa de Integración Local que se desarrolla en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la sociedad civil y diversas empresas asentadas en la localidad.

Y agregan: “La sobre explotación de los mantos acuíferos para las industrias, agro empresas y desarrollos inmobiliarios”.

El pronunciamiento es firmado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, el Colectivo Sí a la vida, la Casa del Migrante de Saltillo, Familia Pasta de Conchos, el Colectivo Transporte Digno Saltillo, el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, así como periodistas y defensoras.

Entre los ejes que destaca Jiménez Salinas en su plataforma está “Coahuila blindado”, que involucra el tema de seguridad, pero no menciona acciones concretas para evitar abusos policiales contra la población y que incluso alcanzan a defensores de derechos humanos, tal como pasó el pasado 19 de noviembre cuando la buscadora Silvia Ortiz y su familia fueron agredidos al pasar por un retén.

La Agenda para Mejorar la Calidad de Vida también tiene el apartado “Gobernador de las Mujeres”, en que figuran acciones como la creación de la policía violeta, la recuperación de los refugios para mujeres víctimas de la violencia y asegura que habrá justicia para ellas, aunque no dice cómo y en cuánto tiempo.

Durante su administración se pretendió eliminar el mural con el que se recordaba a mujeres asesinadas y que se convirtió en el espacio de protesta contra los feminicidios. El caso llegó al juez municipal y ante la trascendencia a nivel nacional, se determinó suspender las acciones contra la activista Jackeline Campbell.

La ausencia del tema de los Derechos Humanos no es nueva. Durante los cuatro años que fue presidente municipal de Saltillo tampoco existió un plan estratégico para evitar abusos policiacos o de otros funcionarios públicos, pese a que firmó un convenio con la cuestionada Academia Interamericana de Derechos Humanos para formalizar un plan municipal en la materia.

Uno de los casos que trascendieron y en el cual Jiménez Salinas minimizó los hechos al asegurar que se trataba de un asunto entre particulares, fue la denuncia presentada por artistas de teatro en contra de su director de cultura, Iván Márquez, a quien señalaron de haber acosado sexualmente a una persona y ejercido violencia de género en contra de otra.

En su calidad de presidente municipal jamás sancionó los hechos y la renuncia del funcionario público se manejó como asunto personal, con lo cual no se aceptaba que su salida estuviera relacionada con los señalamientos que llegaron ante los jueces y para lo cual se dictó una sentencia.

Cabe destacar que los actores Luis Falcón y Andrea Galindo López presentaron de forma oportuna la petición de destitución del funcionario público, pero Jiménez Salinas nunca lo reconoció. El ex director de Cultura fue relacionado meses después con un intento de homicidio ocurrido en la ciudad de Monterrey.

Durante los cuatro años que estuvo al frente de la administración municipal de Saltillo, Jiménez Salinas no se pronunció en torno a varias de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

ABUSOS POLICIACOS

En ese año se emitieron tres recomendaciones al Ayuntamiento de Saltillo, pero en la número 32 y la 38 la autoridad no se pronunció sobre la aceptación o no de la recomendación.

En la 32, la queja se presentó por violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública, cometido por elementos de la Policía Municipal cuando detuvieron a una persona presuntamente con aliento alcohólico y quien denunció que los elementos gasearon a su esposa, a que también golpearon, a sus hermanas, madre y suegra.

En el caso de la 38 la queja fue por violación al derecho a la libertad, en su modalidad de detención arbitraria, y violación al derecho a la integridad y la seguridad personal, en su modalidad de lesiones, además del ejercicio indebido de la función pública realizada por la policía preventiva, cuyos elementos ingresaron a una propiedad privada donde golpearon al propietario para después detenerlo.

En este caso se trataba de un elemento del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, a quien le aseguraron el arma con la cual presuntamente había realizado disparos.

Al año siguiente, en el 2019, siendo el segundo periodo del gobierno municipal de Jiménez Salinas después del de un año, la Comisión emitió 26 recomendaciones a presidencias municipales de las cuales cuatro fueron al ayuntamiento de Saltillo.

El entonces alcalde nuevamente evitó pronunciarse en recomendaciones como la 42 y la 46 de ese año.

La recomendación número 42 está relacionada a una queja por violación al derecho a la vida, en su modalidad de homicidio, la cual se inició de por oficio tras publicación de información en torno a que el Grupo de Reacción Operativa Metropolitana, los GROM, abatieron a dos personas en la carretera Zacatecas a la altura del tramo conocido como Puerto Piñones.

La versión del entonces secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, fue que ambas personas habían agredido con disparos a los agentes en un filtro de seguridad ubicado en la carretera Saltillo -Zacatecas, sin embargo en las pruebas no se encontró que éstas hayan disparado y tampoco se encontraron armas de fuego. Las personas eran de origen norteamericano.

En el caso de la 46, está relacionada la violación al derecho a la libertad, en modalidad de retención ilegal, así como el ejercicio indebido de la función pública y lesiones a cuatro personas, entre las que se encontraba un elemento de la Policía Municipal de Ramos Arizpe que estaba en una reunión familiar y a quien directamente golpeó un comandante de la Policía saltillense. Al lugar llegaron varias patrullas para un total de 15 elementos que lo estuvieron agrediendo.

Al año siguiente se hicieron tres recomendaciones, de las 17 dirigidas a los ayuntamientos, y de las cuales en la 28 y 29, el gobierno de Jiménez Salinas no se pronunció. 

La primera se trata de una queja por el ejercicio indebido de la función pública y lesiones.

Los oficiales detuvieron a una persona que fue llevada a un lugar distinto de la comandancia municipal, además de golpearla en varias partes de su cuerpo.

La recomendación 29 tiene que ver con violación al derecho a la igualdad y al trato digno de las personas enfermas de sida, y también se violó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica por insuficiente protección de personas, ya que fue detenida en un espacio diferente por su enfermedad y posteriormente se suicidó.

Uno de los casos que también llamó la atención fue la “masacre de Loma Linda”, ocurrida en abril del 2019 y en la que dos policías resultaron heridos y nueve presuntos delincuentes perdieron la vida a causa de los múltiples impactos de bala que recibieron.

Trascendieron fotografías con armas al lado de los cuerpos, lo que motivó que la ONU iniciara una investigación por lo que se consideraba ejecuciones extrajudiciales de parte de los elementos municipales.

DESAPARICIONES Y SU POSTURA 

En abril del 2019, días antes de la “masacre de Loma Linda”, Jiménez Salinas encaró a un grupo de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila que protestaban porque seguía el problema en el estado.

Con el micrófono en sus manos, les dijo que el tema de inseguridad que provocó la desaparición de muchas personas ya había quedado en el pasado. Las buscadoras le respondieron que las ausencias continúan.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2018 y 2021 que Manolo Jiménez fue alcalde, Saltillo registró 35 personas en ese estatus. 

Casi al terminar su campaña rumbo a la gubernatura, Jiménez Salinas se reunió con algunos de los colectivos de familias que buscan a sus seres queridos y hasta octubre pasado estuvo en un encuentro con los colectivos y la administración estatal saliente. 

De acuerdo con los asistentes, no hubo un planteamiento definido sobre lo que hará para evitar que continúe desapareciendo gente y llegar a sancionar a los perpetradores, tanto de los nuevos casos como de los de larga data.

“Nosotros esperamos que no haya retroceso, que se sigan revisando los casos porque definitivamente no tenemos avances desde el momento en que no tenemos a nuestros hijos”, dijo Yolanda Morán, quien encabeza al colectivo Búscame.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En el gobierno municipal de Jiménez Salinas se caracterizó con mayor fuerza el control de los medios de comunicación, de tal forma que el entonces edil hasta seleccionaba al reportero que podría cubrir sus actividades.}

Los convenios de publicidad aumentaron de la misma manera que lo hicieron la aparición de páginas electrónicas operadas por políticos o personajes allegados a ellos. Se estima que tan solo en los primeros dos años gastó más de 286 millones entre publicidad y la organización de eventos, según consignaron algunas notas periodísticas.

Hubo investigaciones que documentaron irregularidades en su administración como alcalde y que incluso fueron referenciadas en plataformas digitales como Wikipedia, lo cual era constantemente borrado por seguidores del priista. 

Uno de estos fue el reportaje “Echados Pa’Delante, la estrategia de rescate económico de Saltillo que dejó atrás a los más afectados por la pandemia”, publicado por el Border Hub y que incluso fue referenciado por la periodista Sandra Romandía durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura de Coahuila “este tipo de información proviene de sus adversarios políticos”.

También durante los años que permaneció como presidente municipal fue notoria la existencia de cuentas apócrifas en diferentes redes sociales, con las cuales se atacaba a todo y toda que cuestionaban las acciones del edil.

.

Este contenido es publicado por LINOTIPIA con autorización expresa de Heridas Abiertas. Da clic aquí para ver la publicación original. Queda prohibida su reproducción.