Por Alejandro Aldán
La toma de la presidencia de los Estados Unidos por parte de Joe Biden representó una esperanza para las personas migrantes en la ciudad de Tijuana. Aquí, donde comienza la patria, la ceremonia de protesta del nuevo presidente fue sintonizada en los albergues como si se tratase de un evento deportivo de gran relevancia. Algarabías y llanto, pero, sobre todo, mucha esperanza puesta en el porvenir.
El “día uno” del mandato de Biden había llegado y, mientras tanto, la población en contexto de movilidad esperaba la caída del programa Migrant Protection Protocols (MPP), o “Quédate en México”. Implementado el 25 de enero de 2019 durante la administración de Donald Trump, las autoridades estadounidenses comenzaron a regresar hacia México a todos los solicitantes de asilo que llegaban por la frontera sur de Estados Unidos. De esta forma, los y las migrantes tenían que esperar indefinidamente hasta que su proceso legal fuese aprobado.
Los altos índices de violencia en las ciudades fronterizas de México vuelven urgente el cumplimiento de la promesa del actual mandatario. Los y las solicitantes de asilo se encuentran en una situación vulnerable, expuestos a la discriminación xenofóbica por parte de un sector en específico de la población mexicana.
La mayoría de los y las migrantes que se encuentran actualmente en Tijuana, la frontera más transitada del mundo, llegaron desde Centroamérica en el 2018. Las llamadas “caravanas migrantes” fueron una opción más segura del cruce de fronteras y el tránsito entre territorios para llegar a suelo norteamericano. La meta última: encontrar mejores condiciones de vida, más oportunidades de desarrollo, y así, ser parte del sueño americano.
En 2016 los tijuanenses presenciaron la llegada e integración de la comunidad haitiana, los fenómenos migratorios colectivos no eran entonces algo nuevo. No obstante, años más tarde, en la llegada de los centroamericanos, el contexto político estaba influenciado por el discurso anti-inmigrante de Donald Trump. Esto provocó en la ciudadanía un sentimiento de racismo y odio.
El entonces gobernador del estado -afiliado al Partido Acción Nacional- Francisco Arturo Vega de Lamadrid dejó en claro la “cero tolerancia” que la derecha tendría hacia estas personas migrantes, llegando incluso a amenazar con “ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para su inmediata deportación” en caso de cometer “cualquier falta”.
La abolición del MPP es una realidad desde el jueves 21 de enero. Aún así, debido a las restricciones de viajes no esenciales por la pandemia Covid-19, cualquier participante del programa deberá permanecer en territorio mexicano y esperar el cumplimiento de la promesa de Biden.
Desde el lado mexicano el panorama es diferente para la comunidad migrante. De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP, 2011) las personas extranjeras tienen el derecho de pedir refugio a las autoridades nacionales. Además, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se facilitó el proceso de visas y la posibilidad de empleo para los y las migrantes de Centroamérica.
Por otro lado, los y las trabajadoras humanitarias de Baja California han sido una pieza clave para ayudar a la población migrante en su éxodo. Se les apoya desde alojamiento y alimentación en albergues al igual que acompañamiento legal en su solicitud de asilo. Una labor sin fines de lucro sustentada gracias a las donaciones que aporta la población tijuanense.
Si bien algunos migrantes decidieron establecerse en territorio mexicano, el resto continúa con el propósito de rehacer sus vidas en Estados Unidos. Y cada día que pasa permanecen en la eterna lista de espera que los separa de conseguir el sueño americano.
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Alejandro Aldán Vázquez (Autor de la nota): pasante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Norteño y periodista en La Jornada Baja California.
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