Este 5 de enero en el estado de Sinaloa se suscitaron una serie de hechos violentos derivados de un operativo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República para la detención de Ovidio “N”, en Culiacán.
Tras los hechos ocurridos, se registra que se dieron agresiones contra 13 periodistas durante el suceso. De acuerdo a información de Artículo 19 se llevaron a cabo cuatro robos de auto (uno de ellos, quemado), cinco robos de equipos de trabajo (computadores, celulares, audífonos), además de atentados y amenazas con armas.
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Marcos Vizcarra, director de Revista Espejo, declaró que fue despojado de su vehículo, su computadora y su teléfono celular. Narró cómo a algunos de sus compañeros les arrebataron sus celulares durante las transmisiones de los bloqueos y algunos otros que fueron golpeados y despojados de sus vehículos; incluso frente a la cámara.
Se contabiliza que en promedio cada 14 horas en México se agrede a periodistas en el cumplimiento de su labor. Por ello, ante los ataques suscitados en Sinaloa, es imprescindible exigir que se garantice la seguridad y protección para el ejercicio periodístico.
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Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras hacen del conocimiento público la falta de acciones que prevengan la violencia contra la prensa; así como la necesidad de investigaciones sobre los crímenes hacia periodistas y el fortalecimiento de los protocolos de seguridad y protección para reporteros y reporteras.
Las organizaciones mencionadas (y LINOTIPIA en suma), llaman:
—Al Ejecutivo Federal y Estatal a rechazar los hechos suscitados y las agresiones contra la prensa así como llamar a las autoridades a brindar medidas de protección urgentes a la prensa y sus familias.
—Al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa a coordinarse con el Mecanismo Federal para brindar medidas de protección a quiénes ejerzan el periodismo en el estado y apoyando a quienes se les despojaron de sus equipos de trabajo y pertenencias.
—Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la SEGOB para implementar un programa inmediato de prevención de riesgo para periodistas en zonas de conflicto, coordinando con autoridades locales y Sociedad Civil.
—A la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal para iniciar las investigaciones necesarias, diligentes y objetivas de las denuncias que se llegasen a presentar para garantizar que las agresiones no queden impunes.
—A lxs dueñxs de medios de comunicación, para brindar medidas preventivas y de protección para sus reporterxs; así como capacitación para realizar cobertura en situaciones de conflicto y seguimiento jurídicos y psicológico según sea necesario.
