La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tapizó la demarcación con su imagen como parte de la propaganda de su Primer Informe de Gobierno; sin embargo, la propia alcaldía decidió ocultar toda la información relacionada con los contratos, montos y comprobantes del gasto destinado a la pinta de bardas, colocación de lonas, volantes, anuncios en transporte público, difusión en medios de comunicación y la renta del Frontón México, sede del evento realizado el 8 de noviembre de 2025.
A través de una solicitud de información presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 092074325003111), se requirió a la Alcaldía Cuauhtémoc el gasto total, el desglose por conceptos, la relación de contratos, los proveedores, las facturas y comprobantes de pago, así como la ubicación y número de piezas de propaganda institucional utilizadas con motivo del Primer Informe de Gobierno 2024–2025.
La solicitud fue turnada formalmente a dos áreas clave: la Dirección General de Administración, responsable de las adquisiciones, contratos y pagos, y la Dirección General de Gobierno, encargada de la operación territorial y del uso del espacio público.
No obstante, ambas dependencias negaron contar con información, documentos, contratos, recibos o registros presupuestales relacionados con la propaganda del informe y con el evento donde fue presentado públicamente.
En su respuesta oficial la alcaldía no alegó reserva ni confidencialidad de la información, sino que sostuvo que simplemente no obra en sus archivos ningún documento que acredite el gasto realizado, pese a la amplia difusión observada en bardas, lonas, transporte público y otros soportes urbanos en la demarcación.
El requerimiento fue explícito al solicitar también datos sobre adjudicaciones directas, pedidos, órdenes de servicio o convenios, así como el periodo de contratación, ejecución y pago del gasto, comprendido entre septiembre y noviembre de 2025.
Aun así, la alcaldía afirmó no contar con evidencia documental alguna sobre diseño, producción, colocación, renta de espacios, retiro de propaganda ni difusión digital o en medios.
Además, la solicitud incorporó referencias expresas a la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, que establece restricciones para la propaganda institucional en muros, bardas, fachadas y mobiliario urbano.
Sin embargo, la alcaldía tampoco informó sobre la existencia de permisos, licencias o autorizaciones que amparen la colocación de dicha propaganda en el espacio público.
La inexistencia declarada de contratos, facturas, órdenes de servicio o cualquier registro presupuestal no es un asunto menor. Esto podría implicar que los recursos utilizados para la propaganda del Primer Informe de Gobierno no fueron ejercidos conforme a los procedimientos legales, no fueron registrados en la contabilidad pública o provienen de fuentes ajenas al presupuesto de la alcaldía, supuestos que encuadran en faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Dirección General de Administración, como área responsable del ejercicio del gasto, tiene la obligación legal de generar, resguardar y transparentar toda documentación relacionada con erogaciones públicas.
La ausencia total de expedientes —pese a la evidente propaganda territorial y a la realización de un evento en un recinto privado— abre la posibilidad de contrataciones irregulares, simulación de servicios, uso indebido de recursos públicos o financiamiento no reportado, considerados riesgos de corrupción por el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este contexto, la Contraloría General de la Ciudad de México es la autoridad competente para investigar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas responsables por omisiones, encubrimiento o falta de control administrativo.
De manera paralela, la Auditoría Superior de la Ciudad de México puede revisar el caso durante la fiscalización de la cuenta pública y determinar posibles responsabilidades.
Opacidad como antecedente
La opacidad en torno al gasto del Primer Informe no es un hecho aislado en la trayectoria reciente de la alcaldesa.
En octubre de 2024, una investigación periodística de Froji.Mx reveló que Alessandra Rojo de la Vega omitió declarar su participación en al menos cuatro empresas en su declaración patrimonial y de intereses presentada ante la Contraloría de la Ciudad de México, pese a figurar como socia o administradora en los registros oficiales del Registro Público de Comercio.
De acuerdo con dicha investigación, la alcaldesa aparece vinculada a empresas dedicadas a medios digitales, marketing, producción audiovisual y comercialización de suplementos alimenticios, ninguna de las cuales fue incluida en su declaración, en la que afirmó no tener participación en sociedades ni actividades empresariales.
Las empresas son:
UPME S.A. de C.V., constituida en 2014 y dedicada a diseño gráfico, producción audiovisual, consultoría de marketing y servicios relacionados, en la que Rojo de la Vega aparece como una de las fundadoras y administradora única.
Elisale Medios Digitales S.A. de C.V., registrada en 2017, enfocada en desarrollo y explotación de medios digitales, también con ella como fundadora y administradora.
De la Vega Suplementos Alimenticios, constituida en 2019 junto con su hermana, con objeto social en la comercialización de productos nutricionales.
El Paraíso De Las Proteínas NA, registrada en 2024 con objeto similar al anterior, nuevamente con participación de ambas hermanas.
Consecuencias de la opacidad
La legislación en materia de responsabilidades administrativas considera la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales como una falta administrativa grave, sancionable incluso con destitución e inhabilitación, si se acredita la omisión dolosa.
Esta negativa a transparentar el gasto en propaganda institucional, sumada a omisiones previas en el cumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas, configura un patrón de opacidad que amerita la intervención de los órganos de control y fiscalización.
La propaganda del Primer Informe de Gobierno no solo promovió la imagen personal de la alcaldesa en el espacio público; hoy exhibe un vacío documental que pone en entredicho la legalidad del uso de recursos públicos y debilita los principios de transparencia y rendición de cuentas que deberían regir a una de las alcaldías más relevantes de la Ciudad de México.
