La paradoja de la excepción: sobre la Ley de Seguridad Interior
La Ley de Seguridad Interior (LSI) es un acontecimiento jurídico con graves repercusiones en el derecho público. Posibilita el uso sistematizado de la fuerza por la vía legal. Su promulgación permite prever para el Estado mexicano un escenario profundamente violento y represivo, que se traduce en el régimen constitucional conocido como estado de excepción. Por regla general, los procedimientos de tal régimen incluyen la suspensión temporal del ejercicio pleno de los derechos humanos. En todo caso, esta nueva medida parece comunicar al pueblo mexicano sólo una cosa: from now on, amigos, the party is over.
El filósofo italiano Giorgo Agamben ya había advertido la creciente tendencia de las democracias occidentales a convertir el régimen de excepción en una forma de gobierno habitual. La verdad es que por lo menos desde el 2006, año en que se declara la guerra contra el narcotráfico, nuestro país atraviesa una especie de estado de sitio no declarado como consecuencia de la cada vez mayor militarización de las calles. Agamben lo dice: la formación del estado de excepción es, muchas veces, independiente de su formalización legal.
La nueva ley parece más la medida preventiva de un Estado que ve en peligro su estabilidad, pues recordemos que, en el 2017, se reactivaron tanto el ejercicio de protesta social tras el aumento a la gasolina, como las prácticas de ayuda solidaria después del sismo del 19 de septiembre. En este contexto, la LSI emerge como la mejor estrategia para la despolitización del pueblo.
Por otro lado, no hay que olvidar que las fuerzas del Estado mexicano han logrado obtener el reconocimiento internacional por ser mortíferas. Casos como el de los 43 de Ayotzinapa o el de Tlatlaya lo ilustran. La entrada en vigor de la LSI representa la posibilidad de que se inicie, como Agamben dice, una guerra civil legal que atente contra los cuerpos más vulnerados; entre ellos, por supuesto, los estudiantes.
Todo esto nos remite a pensar la nueva ley como un dispositivo de poder que presenta las características del panóptico de Foucault: un espacio a través del cual se pretende disciplinar a los sujetos mientras se les vigila desde un punto oculto para modelar su conducta. La LSI, al igual que el panóptico foucaultiano, favorece eso: una suerte de modulación del individuo, o bien, la degradación de éste a su mera conducción. En el estado de excepción, los derechos del sujeto han sido sustraídos. Estamos ante la anulación del ‘‘qué quiero hacer’’ para rendirnos ante el irremediable ‘‘qué tengo permitido hacer’’.
Así, el 2018 inicia con muchas incertidumbres, aunque también con la desafortunada certeza de la profunda colusión del narco en la política (por cierto, ¿han notado que entre narcopolítica y necropolítica existe sólo una vocal de diferencia?) pero sobre todo, con la triste ratificación de que en nuestro país, se gobierna a fuerza de represión y macanazos; violencia que lejos de prevenir, se intensifica.
