“La violencia hacia las mujeres se ha vuelto un problema sistemático y masivo en la entidad, con el que se tiene que lidiar como si de la mundana cotidianidad se hablará”
Por Jacqueline Hernández Hernández
Danna Marian Reyes, fue golpeada, acuchillada y luego calcinada en un terreno baldío durante la tarde del 22 de agosto en Mexicali, Baja California. Tenía solo 16 años de edad.
Genebit Livier tenía 20 años, cuando hace un mes apareció sin vida, con un calcetín en la boca en el interior de la cajuela de su carro, el cual fue abandonado afuera de la cochera de una casa en la capital de BC.
El pasado junio, una niña de 5 años fue abusada, golpeada y asesinada por su padrastro, en la ciudad de Tijuana, Patricia Elizabeth cumpliría 6 años el próximo 30 de septiembre.
Estos son sólo 3 de los 24 feminicidios que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, se tiene registro en lo que va del 2020.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es:
“La forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Tal parece, que la estructura de los actos delictivos que se presentan en Baja California, coinciden con dicha definición.
¿Es Baja California un Estado INSEGURO para las mujeres?
De acuerdo con las dos solicitudes de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) para BC, la respuesta es SÍ.
Este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido por la misma Ley General de Acceso, busca enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de cualquier agravio que impida el pleno desempeño de los derechos humanos de las mujeres.
Con esa intención, el 27 de enero de 2015, la activista Maritxell Calderón Vargas representando a la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. solicitó la primera AVGM para el Estado.
En su solicitud exponía el preocupante incremento de homicidios hacia mujeres en el Estado, detectados a partir de 2008. Además de la necesidad urgente de reformar el código penal de Baja California para tipificar el delito de feminicidio y hacer posible su sanción. Pero eso se trataría en el Congreso del Estado más tarde.
En aquellos años los encabezados de las noticias eran: “Pastor cristiano mata a su novia de 14 años por «celos»”, “Asesinan a mujer, la dejan en vía pública”, “Hallan cadáver de mujer en el canal”. Por lo que no fue sorpresa cuando la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PJBC reportó que en 2013 se cometieron 230 homicidios de mujeres en los cinco municipios del Estado, de los cuales el 60% sucedieron en Tijuana.
Un año más tarde, se registraron 494 homicidios violentos, donde no se manifestó un motivo sexual, pero según declaraciones de la Subprocaduría de Delincuencia Organizada, se apuntaron hacia mujeres y jóvenes, por lo que se interpretó que los feminicidios aumentaron en Baja California.
Por tales razones, además de otras, el 10 de marzo de 2015 se declaró admisible la solicitud para la AGVM.
Las mujeres no podemos decir NO pero el gobierno SÍ
Después de un extenuante proceso de integración, estudio y análisis por parte del Grupo de Trabajo, conformado por especialistas en el tema como:
María Guadalupe Díaz Estrada, del Instituto Nacional de las Mujeres; Anel Liliana Ortega Morenos, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Ricardo Soto Ramírez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Rosa María Aguilar Ramírez, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; Silvia López Estrada, del Colegio de la Frontera Norte; Marlene Celia Solís Pérez del Colegio de la Frontera Norte; María Graciela Feryermuth Enciso, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Marta W. Torres Falcón, de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se presentó el dictamen con las conclusiones finales donde se explicaron 14 propuestas para su necesaria implementación en Baja California.
En la espera de la aprobación de la declaratoria oficial por parte del gobierno federal, se le fue notificado sobre el informe final del Grupo de Trabajo, al entonces gobernador de BC Francisco Vega de LaMadrid, mismo que en junio de 2015 aceptó poner en práctica las 14 recomendaciones.
Para febrero de 2016, Kiko Vega enviaría su primer informe de avances respecto al cumplimiento de lo prometido. En el cual se describe el estatus y la metodología que se estaba llevando a cabo para una resolución satisfactoria a favor de la erradicación y prevención de violencia feminicida.
Sin embargo, el 16 de mayo del mismo año, la Secretaría de Gobernación decidió rechazar la solicitud de Alerta de Género bajo el argumento:
“Por el momento no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de género”
Pese al desfavorecido fallo, se declaró obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno del Estado, por lo que en julio de 2018, se presentó un informe afirmando que 12 de ellas ya habían sido ejecutadas al 100% y las dos faltantes se encontraban en un 98% desempeñadas.
¿Pero entonces porque los números dicen otra cosa?
En BC es PELIGROSO ser Mujer
En la contabilidad de muertes dolosas hacia mujeres y feminicidios en el Estado, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que en 2015 se registraron 114 homicidios de este tipo en contra de mujeres, en 2016: 141 casos; en 2017: 212 feminicidios y en 2018 fueron 288.
Como si de romper el récord se tratara en los últimos años ha ido en aumento las muertes violentas hacia mujeres y niñas de manera constante.
Sin embargo, la tipificación sobre feminicidios marca un registro diferente. En 2015 se tipificaron 2 feminicidios, en 2016: 3 feminicidios; en 2017: 2 casos; saltando exponencialmente en 2018 con 27 feminicidios, en 2019 fueron 23 casos y en los casi 9 meses del 2020 se han documentado 24 feminicidios de los cuales 16 han ocurrido en Tijuana.
Actualmente Tijuana se encuentra en el quinto municipio de los primero 100 contabilizados por delitos de feminicidio.
Grito de AYUDA
El 27 de febrero de 2020, Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), realizó la segunda solicitud al gobierno federal para activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Puesto que en los últimos años se ha visto un incremento notorio y sustancial en el número de feminicidios, desapariciones forzadas y todo tipo de violencia contra la mujer.
“Uno de los primordiales motivos para esta alerta de género es visibilizar la violencia de género que ha estado en aumento en los últimos años, es indispensable establecer que la violencia contra las mujeres es la expresión extrema de la discriminación contra las mujeres”, se puede leer en la carta de solicitud.
Misma que fue admisible el 3 de marzo, dando pie a la formación del Grupo de Trabajo que estudiará y analizará la situación que guarda el Estado de Baja California.
Hace unos días se notificó la formalización del número de integrantes necesarios para la conformación del Grupo de Trabajo, conformado por expertas académicas nacionales y locales, que próximamente se reunirán de manera virtual para comenzar a trabajar.
Aunque las cifras sean claras y la violencia hacia las mujeres más obvia que nunca, aún hay autoridades que discrepan sobre la activación de la AGVM.
Como el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, quien cree “no necesario” activar la alerta, afirmando que es preferible atacar en todos sus espacios a la delincuencia, porque la participación de mujeres cada vez es más activa en los actos delictivos.
Pero qué se podía esperar de la misma autoridad que en el más reciente feminicidio del Estado, de Danna Reyes, se preocupó más en señalar los tatuajes de la víctima que la atrocidad de su asesinato.
“Tristemente en Mexicali, la semana pasada una niña de 16 años (fue asesinada), pero pues la niña también traía tatuajes por todos lados y también el crimen lo cometen uno de 18, uno de 22 años; sus compañeros de 18 y 23 años”.
Se podría decir que para Guillermo Ruiz, el problema es la juventud y no la violencia estructural.
Por suerte aún hay autoridades que no pierden la vista del camino, por eso mismo el presidente de la CEDHBC Mora Marrufo, no se molestó en reiterar la importancia de atender la causa estructural que origina la violencia feminicida, porque la declaratoria de alerta por sí sola, no implica la disminución de crímenes cometidos en contra de las mujeres.
Por si no lo sabías:
Todos los documentos sobre el proceso de solicitud de Alerta por Violencia de Género Contra las Mujeres, puedes encontrarlo en el portal de gobierno:
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-baja-california-2
