Baja California NO da el tratamiento correcto a los residuos de personas enfermas de  COVID-19

Baja California NO da el tratamiento correcto a los residuos de personas enfermas de COVID-19

#ReportajeEpecial

Existe un riesgo ambiental tras los residuos plásticos y biológicos que se generan cada día por la pandemia.

Por Enrique Martínez Apodaca y Alejandro Arturo Villa

Tijuana produce aproximadamente 10 toneladas de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) por día durante esta pandemia mezclados con las 2 mil 800 toneladas de residuos sólidos urbanos en los rellenos sanitarios del municipio.

El mal manejo de estos contaminantes en la ciudad (y el estado), el desconocimiento e inacción respecto a este tema por parte de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) aunado a la irresponsabilidad de muchas empresas, podría derivar en graves problemas de contaminación y en caso de haber material infectado de Covid-19, nuevas olas de contagio.

Simplemente en Tijuana al corte del lunes 7 de agosto la Secretaría de Salud de Baja California informó que existe un acumulado de 5 mil 533 casos confirmados de pacientes con coronavirus, sin embargo, al menos el 80% de estos casos contagiaron la enfermedad dentro de su hogar, de acuerdo con el titular de la dependencia Alonso Perez Rico. 

Aún sin contar a las personas que fueron asintomáticas, podemos determinar con esta información que aproximadamente 4 mil 300 hogares de Tijuana produjeron RPBI diariamente, mismos que se mezclaron con el resto de la basura sin que el sistema de recolección de basura municipal tuviera conciencia de su tratamiento. 

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala en la NOM-052-SEMARNAT- 2005 las especificaciones para el tratamiento a los RPBI, para los cuales se lleva un tratamiento distinto en hospitales, pero al consultar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ninguno pudo informar cuál es tratamiento que se le da en la ciudad y el estado.

Por ejemplo, el Hospital General de Tijuana, tiene un departamento que se encarga de recoger y almacenar los RPBI para entregarlos a MEDAM, una empresa privada que se encarga de recoger y llevar a cabo el procedimiento establecido para dichos residuos, el cual no se encuentra al acceso del público.

Dicha empresa ha celebrado de manera ininterrumpida contratos directos con distintas dependencias de salud, tanto a nivel estatal cómo federal. Luego de la investigación realizada por LINOTIPIA se encontraron contratos por adjudicaciones directas a la Secretaría de Salud estatal, ISSSTECALI e IMSS a nivel federal, pero nunca se transparentó cómo es que MEDAM trata estos residuos biológicos infecciosos. 

La presidenta de la asociación ambientalista Hagamos Conciencia, Brissa Marisol Hernández, explica que los cubrebocas son producto de tela no tejida derivada del plástico; lo preocupante es que se ha convertido en plástico de primer uso, a tal magnitud, que ahora podemos ver cubrecalzado, guantes de látex y mascarillas turisteando por las calles de la ciudad.

Agregó que el gobierno del estado y de los municipios deberían estar preocupados por intentar controlar esta situación. Sin embargo, lo único que se ha visto son peleas casi faranduleras por parte del gobernador Jaime Bonilla y el alcalde de Tijuana Arturo González.

Marisol Henández explica que ”lo preocupante viene al momento de tener contacto con el cubrebocas de una persona infectada. Si este no es depositado en lugares autorizados o no es recolectado por empresas dedicadas a la recolección de residuos peligrosos infecciosos, esto podría desencadenar otros contagios o enfermedades”.

La irresponsabilidad de muchas empresas y del municipio pueden derivar en graves problemas de contaminación y, en caso de haber material infectado de Covid-19, nuevas olas de contagio.

“Los pepenadores de los rellenos sanitarios que están separando los residuos, pueden tener el riesgo de contacto con algún cubrebocas contaminado y propagar el virus, esto es lo más preocupante, además no se le da seguimiento al residuo”, añadió.

Como parte de la investigación de Hagamos Conciencia respecto al tema, se hizo un recorrido por las calles de las zonas industriales de Tijuana, donde se toparon con cubrebocas y guantes tirados en las banquetas o atorados en las alcantarillas.

Explicó que “al igual que el plástico que utilizamos de post consumo, como las botellas de PET y otros tipos de plástico de un solo uso, los cubrebocas ya se están viendo en las calles como si fueran cualquier otra basura”.

Además advirtió que ya se tienen antecedentes en el Estado de recolección de basura irregular, es decir, empresas no autorizadas que recolectan estos residuos y los depositan en zonas no autorizadas. Así fue el caso de hace un año, cuando se encontró un tiradero clandestino en la Rumorosa con RPBI.

Marisol Hernández concluyó la petición al Gobierno del Estado agregando que modifiquen sus sistemas internos de control de residuos, observando precavidamente el control de la generación del residuo, el transporte y la disposición del residuo.

Al contactar a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California (SPABC), nos recibió Eugenio Zamora, quien al preguntarle por el manejo de los residuos infecciosos que los hogares están dejando durante la pandemia, nos comentó que era un asunto que le compete al gobierno federal.

Hizo hincapié en que quienes se encargan de regular los permisos para el manejo de los desechos es la SEMARNAT y quien regula el buen manejo de este proceso es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Cuando preguntamos si la SPABC tenía conocimiento del tratamiento que el gobierno federal le está dando a este asunto, respondió “nosotros somos injerencia estatal, nosotros no nos metemos con temas federales”.

Debido a esto, decidimos ponernos en contacto con las autoridades de la PROFEPA en Baja California, donde la respuesta fue que este asunto es municipal, ya que en los hogares no se generan demasiados residuos peligrosos. 

Así como si fuera un partido de fútbol soccer, se fueron pasando la bolita y nadie metió gol. Cuando hablamos con la Dirección de Protección al Ambiente de Tijuana, nos dijeron que el asunto era estatal y tampoco sabían cómo se estaba tratando el tema.

El problema no termina en la falta de un tratamiento adecuado a los RPBI y la enajenación de parte de las dependencias de protección al ambiente por la problemática. En 2019, el Congreso de Baja California aprobó una ley para la eliminación de las bolsas de plástico, a pesar de que ya existen investigaciones que arrojan que la bolsa de plástico podría no ser tan contaminante si se reutilizan por lo menos cuatro veces, según datos obtenidos de la Agencia del Medioambiente británica que recuperamos de una publicación del 10 de Enero de la BBC.

Sin embargo, en esta situación se vuelve necesario el uso de este producto para desechar la basura correctamente. Organizaciones como Greenpeace y la Organización de Naciones Unidas (ONU), han asegurado que prohibir el uso de plásticos de un solo uso no asegura que se dejará de contaminar los océanos.

Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C, explica que “No hubo una discusión seria al respecto, se trató de una moda de gobiernos y los líderes quedaron atrapados en la idea de que eliminando estas bolsas iban a terminar con la contaminación de los océanos”.

Añadió que la pandemia ha llevado a muchos gobiernos a reconocer la utilidad de este producto, siendo el verdadero problema los residuos de personas infectadas por Covid-19 que están en cuarentena desde sus hogares.

Datos de la SEMARNAT afirman que se han generado 300 toneladas de RPBI como cubrebocas, guantes y batas, 2.2 kg por paciente. Que deberían ser separadas de la basura común en bolsas de plástico, mencionó el ambientalista.

De acuerdo con Carlos Alvaréz, el mal manejo de estos residuos sumado a los residuos de plástico que han ido en aumento por la pandemia, dejarán graves daños en 30 mil hectáreas de suelo y subsuelo, además afectarán a más de 400 cuerpos de agua.

Por si fuera poco, el pasado mayo la PROFEPA anunciaba la clausura de un centro de acopio en el municipio de Cuautinchán, Puebla, donde se resguardaban 6 mil metros cúbicos de RPBI con mal manejo y sin autorización de la SEMARNAT.

En la misma fecha, la procuraduría lanzó otro comunicado donde se informa el seguimiento a una denuncia por 3.5 toneladas de RPBI desechados clandestinamente en el Estado de México. Y el 19 junio se dio la clausura de un almacén en Puebla que contaba con 3.2 toneladas de RPBI sin autorización oficial de la SEMARNAT.

El problema de las empresas recolectoras de RPBI en México es igual de común que preocupante, pero sin duda lo que más preocupa es la falta de información al respecto por parte de las dependencias del Estado de Baja California.

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