Tras el hackeo al Gobierno de México por los hacktivistas “Guacamaya”, se encontraron pruebas de que las Fuerzas Armadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantienen redes de vigilancia y base de datos de activistas, feministas y periodistas.
Se encontraron informes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) con listas de activistas y colectivas feministas y periodistas; algunos con nombre y fotografías. Solo en la CDMX, tienen ubicadas a 15 colectivas feministas que consideran “amenazas”.
Aparte de las colectivas feministas, la Sedena tiene en la mira a 18 grupos que forman parte de la Coordinadora Estudiantil Anarquista, dichos a los que las Fuerzas Armadas catalogan con actividad “violenta y radical”.
También, se comprobó mediante investigaciones del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que los teléfonos celulares del periodista Ricardo Raphael y otro que prefirió no revelar su identidad, fueron infectados con un malware de espionaje; además del presidente del CDH de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
Los tres trabajan en investigaciones relacionadas con abusos de poder y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
El mismo ‘modus operandi’… desde Peña Nieto
El Ejército Mexicano está empleando el mismo software desde 2017, en el sexenio de Peña Nieto, para realizar el espionaje y recopilar datos de activistas, feministas y periodistas hasta el día de hoy.
El software Pegasus fue comprado por la Sedena en junio de 2019 a la empresa Antsua. Sin embargo, este mismo programa se registra en uso por las Fuerzas Armadas desde 2017, cuando dicho gobierno empleó hasta 6 mil millones de pesos del dinero público para hacerse del software.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el software Pegasus se empleó para vigilar e intervenir los dispositivos de hasta 15 mil líneas mexicanas pertenecientes a políticos, activistas y periodistas. Incluso una investigación de Forbidden Stories dio a conocer que el teléfono del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador habría sido intervenido.
Al inicio de su sexenio en 2018, López aseguró que habría disuelto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y que “el gobierno no espía a nadie”.
El gobierno de “oposición”, de “izquierda” y del “pueblo”
López Obrador lleva todo su sexenio ejerciendo el tipo de poder que durante campaña prometió desaparecer: espionaje, militarización, represión, persecuciones políticas y censura.
Este gobierno, el del pueblo, el feminista, el de la verdad, se dedica también a vigilar, espiar y almacenar datos personales y fotografías de civiles que luchan por derechos humanos, ambientalismos, feministas o periodistas de investigación.
En la mañanera del 4 de octubre, se le cuestionó a López Obrador sobre la investigación y las pruebas obtenidas respecto al espionaje a periodistas, activistas y feministas por parte de la Sedena mediante el software Pegasus. Su respuesta fue:
“Bueno… no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos porqué(…) qué caso tendría espiarlo (a Ricardo Raphael) él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento conservador del país y está en contra de nosotros.”
La periodista Nayeli Roldan de Animal Político volvió a tomar la palabra y le presentó las pruebas confirmadas por Citizen Lab, así como el registro de la empresa NSO Group respecto a la venta de Pegasus a gobiernos y el informe de la compra por parte de Sedena.
El Presidente respondió que Sedena tiene labores de inteligencia, no de espionaje: “ahora se han dedicado a atacarnos y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos(…) si tienen pruebas, preséntenlas ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva”.
