Tras el hackeo al Gobierno de México por los hacktivistas “Guacamaya”, se encontraron pruebas de que las Fuerzas Armadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantienen redes de vigilancia y base de datos de activistas, feministas y periodistas.
Se encontraron informes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) con listas de activistas y colectivas feministas y periodistas; algunos con nombre y fotografías. Solo en la CDMX, tienen ubicadas a 15 colectivas feministas que consideran “amenazas”.
Aparte de las colectivas feministas, la Sedena tiene en la mira a 18 grupos que forman parte de la Coordinadora Estudiantil Anarquista, dichos a los que las Fuerzas Armadas catalogan con actividad “violenta y radical”.
También, se comprobó mediante investigaciones del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que los teléfonos celulares del periodista Ricardo Raphael y otro que prefirió no revelar su identidad, fueron infectados con un malware de espionaje; además del presidente del CDH de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
Los tres trabajan en investigaciones relacionadas con abusos de poder y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
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El mismo ‘modus operandi’… desde Peña Nieto
El Ejército Mexicano está empleando el mismo software desde 2017, en el sexenio de Peña Nieto, para realizar el espionaje y recopilar datos de activistas, feministas y periodistas hasta el día de hoy.
El software Pegasus fue comprado por la Sedena en junio de 2019 a la empresa Antsua. Sin embargo, este mismo programa se registra en uso por las Fuerzas Armadas desde 2017, cuando dicho gobierno empleó hasta 6 mil millones de pesos del dinero público para hacerse del software.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el software Pegasus se empleó para vigilar e intervenir los dispositivos de hasta 15 mil líneas mexicanas pertenecientes a políticos, activistas y periodistas. Incluso una investigación de Forbidden Stories dio a conocer que el teléfono del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador habría sido intervenido.
Al inicio de su sexenio en 2018, López aseguró que habría disuelto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y que “el gobierno no espía a nadie”.
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El gobierno de “oposición”, de “izquierda” y del “pueblo”
López Obrador lleva todo su sexenio ejerciendo el tipo de poder que durante campaña prometió desaparecer: espionaje, militarización, represión, persecuciones políticas y censura.
Este gobierno, el del pueblo, el feminista, el de la verdad, se dedica también a vigilar, espiar y almacenar datos personales y fotografías de civiles que luchan por derechos humanos, ambientalismos, feministas o periodistas de investigación.
En la mañanera del 4 de octubre, se le cuestionó a López Obrador sobre la investigación y las pruebas obtenidas respecto al espionaje a periodistas, activistas y feministas por parte de la Sedena mediante el software Pegasus. Su respuesta fue:
“Bueno… no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos porqué(…) qué caso tendría espiarlo (a Ricardo Raphael) él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento conservador del país y está en contra de nosotros.”
La periodista Nayeli Roldan de Animal Político volvió a tomar la palabra y le presentó las pruebas confirmadas por Citizen Lab, así como el registro de la empresa NSO Group respecto a la venta de Pegasus a gobiernos y el informe de la compra por parte de Sedena.
El Presidente respondió que Sedena tiene labores de inteligencia, no de espionaje: “ahora se han dedicado a atacarnos y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos(…) si tienen pruebas, preséntenlas ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva”.