Por Héctor Ramírez Cuéllar / El Machete
De una manera consiente y deliberada, el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a sus empleados de la Cámara de Diputados que no designen a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y, por lo tanto, que no tenga el quórum necesario y así se vea obligado a cesar en sus funciones, que consisten precisamente en presionar a las autoridades para que los ciudadanos, las organizaciones sociales, tengan acceso a la información que producen y resguardan las dependencias federales, las cuales estarán, como lo han estado, negándose a proporcionarla, de acuerdo con una de las medidas más importantes que se dieron en el proceso de cambios políticos que se originó en el país, el acceso de todos los ciudadanos a la información pública. El Presidente ha declarado que no considera necesaria la existencia y el funcionamiento de ese organismo y, por lo tanto, sus amanuenses, sea, los diputados de Morena, harán todo lo posible por desaparecerlo y por lo tanto cancelar o limitar ese derecho político fundamental en la vida de la nación.
Desde que se inició la presente administración, el Presidente se ha caracterizado por formular acusaciones generales graves sobre actos de corrupción que existieron en los gobiernos anteriores, pero nunca las ha precisado, por lo que en estricto sentido, se trata solo de imputaciones de carácter político. Por ejemplo, al cancelar la construcción el aeropuerto de Texcoco, el titular del Ejecutivo afirmó que lo hacía porque había serias irregularidades de parte de los funcionarios encargados de estas obras y han transcurrido cinco años de estos señalamientos y jamás se han clarificado, con documentos fehacientes, que en verdad esto estaba sucediendo. Al desaparecer los fideicomisos señaló también que lo hacía porque había preocupantes actos de corrupción en sus operaciones, pero hasta hoy nada se sabe al respecto de una manera concreta y específica. Cuando se cancelaron los contratos a las empresas privadas que vendían medicamentos a las dependencias del sector salud, dijo lo mismo, pero no se formularon las responsabilidades individuales contra estos comerciantes, pero lo más sobresaliente es que algunos de ellos han permanecido como prestadores de este servicio esencial.
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Un jefe de estado que formula cargos serios señalando que un individuo, funcionarios o dirigente político han cometido actos de corrupción, debe probarlo en forma precisa y documentada, ya de que de otra manera se trata de una agresión de carácter político, o de un acto propagandístico, y de una seria irresponsabilidad administrativa. En términos generales, es necesario reconocer que se cometieron actos de corrupción en el pasado político y que esta es una de las características básicas de nuestro sistema y de nuestros gobiernos, pero se debe transitar de las afirmaciones globales a las imputaciones fundamentadas y concretas, de las cuales deben desprenderse acciones de carácter legal, ya que de otra suerte estamos ante críticas de orden político deleznables que, por lo tanto, deben ser rechazadas, por carecer de seriedad institucional y rigor profesional.
El 60% de las solicitudes que han presentado los ciudadanos y que han sido respaldadas por el INAI han sido rechazadas o desvirtuadas, afirmando los titulares que las dependencias a su cargo que carecen de dicha información, realizando una respuesta concertada, lo que demuestra que el gobierno actual no es partidario de que los ciudadanos ejerzan este derecho político y, por lo tanto, el INAI se ha debilitado desde un principio como órgano garante o coadyuvante. Los solicitantes de dicha información han sido también, dirigentes de organizaciones sociales o bien estudiosos de los problemas nacionales, o periodistas de investigación, que requieren estos datos para enriquecer su trabajo académico o político o bien fundamentar sus acciones en defensa de los derechos de distintos sectores sociales, pero no lo pueden hacer por la actitud reticente y deliberadamente oscura que tienen los titulares de las entidades federales. Esto significa que el acceso a la información, consagrada por la Constitución, ha sido, menospreciado o negado, ante la existencia de la opacidad como arma política que se esgrime en muchos actos y decisiones gubernamentales, desconociendo el hecho de que la transparencia informativa es esencial en los regímenes democráticos, que no se práctica en este régimen, ya que una gran parte de la información oficial es ocultada y reservada, sin que tenga esa calidad de conformidad con las clasificaciones internacionales en la materia.
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Recientemente, para confirmar nuestras apreciaciones, el gobierno federal consideró, sin ningún fundamento jurídico sólido, que una serie de datos sobre el gasto público sobre la realización de obras, no serían dados a conocer, ya que se consideraba como información de seguridad nacional, pero la naturaleza de los gastos e inversiones no tienen ese carácter de acuerdo con los criterios y la doctrina en la materia, ya que se trata de actividades ordinarias, como la construcción de una refinería, o de una red de ferrocarriles. El resultado de esta limitación absurda está a la vista: jamás sabremos los montos de las inversiones del estado que se han realizado, ni conoceremos si se reunieron los requisitos de carácter técnico que se deberían tener disponibles, ante la realización de estas erogaciones, ni podremos identificar a las empresas contratistas, ni las formas que se utilizaron para entregar dichos contratos, no se podría comprobar si algunos militares de alto rango crearon empresas de su propiedad o bien beneficiaron a terceros interesados. Pero además, ha sido una práctica nefasta, que algunos funcionarios federales y estatales, cuando no desean, por razones políticas, dar a conocer una determinada información oficial, a la manera de un pretexto ridículo, reiteran, no lo hacen porque es información estratégica, por lo que se trata de una burla a los ciudadanos y una cancelación o de una limitación de ese derecho constitucional.
En términos generales, pese a las limitaciones y a las restricciones que ha experimentado, el INAI ha tenido un desempeño positivo para la ampliación y el fortalecimiento de la vida democrática de la nación, ya que a pesar de todo se han documentado graves atentados al ejercicio del gasto público lo que ha permitido también, en colaboración con la Auditoria Superior de la Nación, que la Cámara de Diputados, haya mantenido vigente la fiscalización del ejercicio del gasto estatal, que también se encuentra en serio peligro ante la reconcentración del poder en manos del Presidente, al que le molesta profundamente esta labor de vigilancia, supervisión y evaluación, al igual que a otros miembros del gabinete y que, por lo tanto, han decretado la muerte del citado órgano autónomo.
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