A unas cuadras de la redacción del Semanario Zeta de Tijuana, una mañana de abril de 1988, fue asesinado Héctor “el Gato” Félix Miranda, cofundador del medio independiente.
Viajaba en un Ford 1980 cuando tres hombres, a bordo de un Trans-Am negro, le bloquearon el paso y le dispararon a corta distancia con una escopeta calibre 12.
Un tiro, tras romper la ventanilla, le entró por el hombro izquierdo; el otro le desgarró el costado del tórax. Félix murió en el asiento del acompañante.
Ese día, Antonio Vera Palestina —jefe de seguridad del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon— y dos hombres más participaron en el crimen.
Según las resoluciones judiciales de la época, huyeron al Hipódromo de Agua Caliente, donde habrían escondido las armas y el vehículo.
Vera Palestina y Victoriano Medina fueron sentenciados a 25 y 27 años de prisión por el homicidio del periodista; el tercero, Emigdio Nevárez, fue asesinado después.
Años más tarde, Vera Palestina volvería a trabajar como jefe de seguridad del complejo casinero de Hank Rhon tras salir de prisión.
Desde entonces, quedó grabada una frase: “todos los caminos conducen al Hipódromo”, señalando el entorno al que apuntaban las sospechas.
En 2011 Jorge Hank Rohn, empresario dueño de Grupo Caliente — e hijo de Carlos Hank González, líder priista y fundador del grupo Atlacomulco— fue detenido con 11 personas más en posesión de 88 armas, 40 de ellas de alto calibre, y más de 9 mil cartuchos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Antonio Vera Palestina murió el 28 de diciembre de 2023. Fue detenido el 1 de mayo de 1990. Terminó su condena el 30 de abril de 2015, cuando egresó del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Otra vez, los caminos conducen al Hipódromo…
El 18 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos —a través del Departamento del Tesoro— designó una red de corrupción y lavado vinculada a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, con Rosarito como “arteria clave” hacia la frontera.
En el comunicado, el Tesoro señala a la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo y al empresario Jesús González Lomelí, relacionado con restaurantes, centros nocturnos y hoteles, como parte de ese entramado.
Uno de los socios de González en dos empresas es Jorge Alberto Javier Hank Inzunza, presidente del Club Tijuana Xolos (e hijo del casinero Jorge Hank Rohn).
Las compañías son: Complejo Turístico JJJ, S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ, S.A. de C.V. Ambas fueron señaladas por OFAC.
Ni Hank Inzunza ni Jerónimo Javier Vera Ayala (hijo de Antonio Vera Palestina) aparecen como personas designadas en el boletín del Tesoro.
Según las actas constitutivas consultadas por Linotipia en el Registro Público del Comercio, ambas firmas se registraron el 12 de mayo de 2021 ante la Notaría Pública 17 de Jalil Enrique Wehber Barreiro, en Tijuana.
También comparten objeto social (inmobiliario, hotelería, restaurantes y espectáculos), aportaciones (González: $25,000; Hank Inzunza: $12,500; Vera Ayala: $12,500) y estructura (Vera Ayala, Administrador Único; González, apoderado).
Tras el anuncio de Estados Unidos la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congelaría las cuentas de las empresas designadas.
En una carta a Animal Político, Hank Inzunza dijo que ya no formaba parte de esas sociedades; sin embargo, no hay pruebas de alguna modificación en el RPC hasta la última revisión (lunes 22 de septiembre de 2025).
OFAC: red de Los Mayos que cooptó el gobierno de Rosarito
Para el Tesoro, Rosarito es un corredor del Cártel de Sinaloa. La facción de Los Mayos opera ahí mediante secuestro, extorsión, lavado y corrupción local, y el objetivo de las sanciones es asfixiar esa red: bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibición de transacciones para personas y bancos de EE. UU. (medida administrativa, no sentencia penal).
El comunicado ubica a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como fundador y líder del brazo armado de Los Mayos con control de rutas en Baja California.
Además, citó una acusación de 2015 en la Corte del Distrito Sur de California por secuestros, toma de rehenes, tortura y homicidio en apoyo al cártel. El Departamento de Estado ofreció hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
El control local se atribuye a los hermanos Arzate —Alfonso y René—, previamente designados por OFAC, quienes operan mediante intermediarios.
Dos nombres funcionan como bisagra entre crimen y poder municipal: Jesús González Lomelí, descrito por el Tesoro como operador financiero de alto nivel que usa negocios de restaurantes, bares y hoteles para lavado; y Candelario Arcega Aguirre, operador político.
Según el Tesoro, durante la administración de Hilda Araceli Brown Figueredo, Arcega colocó aliados en puestos clave y, junto con González, intermedió entre Brown y los Arzate para recolectar extorsiones, gestionar operaciones y asegurar protección desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
En paralelo, OFAC incluyó 15 empresas asociadas a la red —entre ellas Complejo Turístico JJJ y Grupo Hotelero JJJ— por ser propiedad o estar controladas por González.
Con la designación, esas compañías quedan fuera del sistema financiero de EE. UU. y sus activos bajo esa jurisdicción se congelan.
