#NoEsPlacerEsViolencia
Por: Jacqueline Hernández Hernández
El pasado 26 de julio Luis Alonso “N”, Director de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, fue sorprendido con una niña de 10 años desnuda dentro de su coche por oficiales municipales que hacían su ronda de vigilancia en la colonia El Salitrillo.
La menor de edad declaró más tarde que el funcionario había estado tocando sus partes íntimas.
Los policías se percataron de la presencia de un hombre sospechoso parado afuera del auto en la puerta del copiloto, cuando se acercaron notaron que el sospechoso estaba nervioso e impedía que los agentes miraran en el interior del vehículo, intentado ocultar a la menor.
Posteriormente se dieron cuenta de que se trataba del Jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal. Lo cual no lo salvó de ser detenido y entregado al Ministerio Público.
PRIMER STRIKE: EL SISTEMA NO PROTEGE A LA VÍCTIMA
El 3 de agosto después de una semana de los hechos, se llevó a cabo la primera audiencia para vincular al agresor a proceso.
En dicha audiencia Juan Alberto López Amaral, agente del Ministerio Público, pidió la imputación sólo por un delito: abuso sexual infantil. Además de pedir la agravante porque la niña es menor de 12 años.
Las agravantes a este delito están acordadas en el Artículo 142–N, donde se menciona que la pena aumentará una tercera parte si la víctima tiene menos de 12 años.
Pero a todo esto, el Código Penal de Jalisco tiene un problema que los diputados y diputadas locales aún no han arreglado.
La cuestión es que el Artículo 142-L, que regula el abuso sexual, ya tiene una penalidad diferente dependiendo de la edad: de uno a cuatro años de prisión si la victima tiene entre 12 – 17 años y de tres a seis años de condena si la afectada es menor de esa edad.
Cómo está última que es la que se vincula directamente con el abuso sexual ya contempla a los menores de 12 años, por lo que la agravante no procede porque no se puede sancionar doblemente a la persona por el mismo hecho.
Al no conseguir estos cargos, Luis Alonso “N” podría salir libre sin declararse culpable bajo libertad condicional, con las obligaciones de sólo firmar compromisos como: no acercarse a la víctima, ir a terapia, entre otros.
De esta forma el acusado no pisa la cárcel y queda sin antecedentes penales.
SEGUNDO STRIKE: UN JUEZ A FAVOR DEL ACUSADO
En la segunda audiencia celebrada el 14 de agosto, el juez Jorge Luís Solís Aranda, del caso que se está llevando en el Centro de Justicia para Mujeres en Puerto Vallarta. No vinculó a proceso al ahora ex funcionario Luis Alonso “N” por el delito de corrupción de menores con argumentos machistas y sexistas como “no sintió placer.”
Ante esta resolución, ese mismo día la Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó a través de cuenta oficial de Twitter que apelará dicha acción las veces que sean necesarias.
📢 #Boletín | Apelará Fiscalía de Jalisco decisión de juez de no vincular a proceso a ex funcionario municipal en Puerto Vallarta por el delito de corrupción de menores pic.twitter.com/rObX67puo1
— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 15, 2020
A lo largo del fin de semana se manifestó la indignación de las personas con protestas en Vallarta y el hashtag #NoEsPlacerEsViolencia en redes sociales por la forma en la que se está manejando el caso y por los argumentos que dio el juez.
Este domingo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que Jorge Luis Solís Aranda fue destituido del centro de Justicia para las mujeres en Puerto Vallarta y por lo que se supo después, fue sin goce de sueldo.
Además Alfaro agregó que el juez “pagará las consecuencias de su inmoralidad”.
Acabo de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me confirma que el Consejo de la Judicatura tomará cartas en el asunto de inmediato.
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 16, 2020
¿Habrá un tercer strike?
