De albañil a experto en justicia, José Diego Suárez Padilla, no descansó hasta obtener justicia por el feminicidio de su hija, Rosa Diana Suárez Torres, frente a la nula respuesta de las autoridades mexiquenses.
Luego de muestras de violencia y una denuncia previa, el 31 de diciembre de 2010, Gilberto Campos García, asesinó a Rosa Diana de 21 años de edad con 16 puñaladas.
“Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”, relató en una entrevista con Selene Flores, para el periódico Milenio.
A partir de ese momento, la negligencia de las autoridades fue un gran obstáculo, pues desde el inicio hicieron caso omiso a las advertencias de un crimen anunciado e ignorado por el Ministerio Público del Estado de México.
El acceso a la justicia para el feminicidio fue un largo y doloroso camino por recorrer, que solo gracias a él pudo obtener.
“Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito (…) Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia”, relató don José.
Ante la falta de recursos económicos para pagar un abogado, José entró en un extenso aprendizaje: se volvió su propio defensor y llevó el caso de su hija.
Estudió el código penal, el civil; la ley de amparos y leyó múltiples libros sobre derechos humanos. Durante ese camino, presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales seis apelaciones.
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La justicia del feminicidio por su propia cuenta
Si bien, su hija Diana jamás regresará, no obstante, obtuvo la justicia deseada: de acuerdo a la PGJEM, en el año 2015, logró una sentencia de 67 años de prisión para el feminicida y dos por abuso de autoridad para funcionarios que le negaron protección antes de su asesinato.
El 4 de octubre de 2010 (dos meses antes de culminar el crimen), Gilberto se dirigió a casa de Diana para golpearla. Su padre, al encontrarla en ese estado la acompañó a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
“Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió Diana tras relatar la agresión.
Ellos se desistieron a realizar su trabajo y por su fuera poco, argumentaron que eso no existía en México, “las órdenes de protección solo se dan en Estados Unidos”.
Luego, como casi no pasa, los servidores públicos la revictimizaron: “No te robó el celular; tú lo entregaste” y “Las peleas entre novios no son un delito”.
De esta manera, el secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección.
Únicamente acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; sin embargo, no lo citaron a declarar, ni mucho menos lo detuvieron.
“Ellos son cómplices de todas esas tragedias, por eso están muriendo tantas mujeres, porque los asesinos saben que las autoridades no hacen nada”, lamentó José Diego, quien espera que su lucha sirva de ejemplo para otras víctimas.
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