Por Alejandro Aldán
En un país como México, donde la violencia generalizada ha ocasionado una crisis de seguridad, la violación de los derechos humanos ha logrado impregnarse en nuestro día a día, ocasionando temor, llanto, dolor e impotencia. En ese contexto, el delito de desaparición forzada ha logrado convertirse en una práctica recurrente, infringida, ya sea por parte del Estado o por personas y grupos delictivos particulares.
Si bien la desaparición forzada es un mal y un reto en sí mismo, la cosa no termina ahí. A ello se suman los impedimentos y obstáculos legales a los que se tienen que enfrentar las y los familiares de las personas desaparecidas. La resiliencia, la entereza y la fortaleza han orillado a los ciudadanos a organizarse con el fin de exigir al Estado la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, y ante la negativa, han comenzado la investigación por cuenta propia. En muchos otros casos, se han visto en la necesidad de organizar manifestaciones públicas para visibilizar la incompetencia de las autoridades.
En la ciudad de Tijuana surgieron dos organizaciones civiles encargadas de buscar a personas desaparecidas: la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California y Una Nación Buscando-T. Conformados por voluntarios, -en su mayoría con familiares desaparecidos- salen a desenterrar cuerpos con pico y pala, buscando y encontrando fosas clandestinas en diversos espacios del Estado de Baja California.
Por todas las madres buscando en Tijuana…
En los grupos de voluntarios predominan madres en busca de un hijo desaparecido. Ellas realizan jornadas que se extienden hasta 13 horas. La sed, el cansancio y el hambre se hacen presentes en las excavaciones y recorridos realizados en la búsqueda de los restos de sus familiares.
Asoladas, las madres ampollan sus manos y se caen al suelo por el esfuerzo realizado en la excavación, pero cada una de ellas encuentra la fuerza en la esperanza de encontrar a sus hijos. Probablemente solo verán sus cadáveres después del trabajo de exhumación.
Las acciones colectivas de búsqueda se realizan con el fin de encontrar los restos humanos, y así poder realizar diversas acciones políticas para que se reconozcan los daños causados a las víctimas. Los y las familiares excavan para obtener justicia, conseguir que se condene a los victimarios, y exigir su derecho a la verdad.
En muchos otros casos, luchan contra la estigmatización que la sociedad inflige a sus muertos, en un afán de recategorizar a los desaparecidos y demostrar que son merecedores de justicia o impunidad.
Dicha clasificación se encuentra situada en el género, clase y/o raza; parámetros con los que se establece cuáles cuerpos merecen ser desechados y cuáles son dignos de justicia.
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Calderón abre las puertas del infierno
Ante este panorama es importante cuestionarse: ¿cuál fue el detonante de la recurrencia en las desapariciones? La respuesta podrá encontrarse en diciembre del año 2006, fecha en donde el ex-presidente Felipe Calderón decidió declarar la guerra contra el narco, abriendo así “las puertas del infierno”.
La política de seguridad nacional contra las drogas llevó a un total de 45,000 militares a las calles, y para el año 2011, un aproximado de 70,000 operativos militares se extendieron por todo el norte de México.
Las calles norteñas fueron militarizadas y la guerra comenzó. El calderonismo se caracterizó por frecuentes enfrentamientos por las plazas entre grupos de narcotráfico, otorgadas en primer lugar por las autoridades policiales y militares, evidenciando con ello la corrupción masiva en la que se encontraba situado el país.
El sexenio de Calderón se resume en asesinatos masivos de inocentes, narcomensajes, secuestros, cuerpos cercenados, torturas y una práctica que se estableció para quedarse: la desaparición forzada.
La búsqueda de justicia
El mandato de Calderón llegó a su fin, dejando como saldo un total de 64 mil 786 muertes relacionadas con la lucha contra el narcotráfico (según cifras del Sistema Nacional de Información) y 26 mil 121 casos de “personas no localizadas” (cifras de la Segob).
Aunque el desaparecimiento de personas seguía ocurriendo con regularidad, fue hasta el 17 de noviembre de 2017 que —ante la presión de familiares de personas desaparecidas— se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
En ella se estableció la búsqueda de “Personas No Localizadas”, haciendo acreedores a los y las familiares de esclarecer los hechos, investigar y sancionar los delitos en materia de desaparición.
A pesar de que esta ley fue promulgada, la impunidad y las desapariciones en el país no han cesado desde entonces, siendo las madres de los y las desaparecidas quienes han realizado la labor de las autoridades.
Solamente en 2019, el colectivo Una nación Buscando-T desenterró un aproximado de 50 cadáveres. Las labores de exhumación fueron costeadas con donaciones de integrantes del colectivo y familiares de personas desaparecidas.
La historia de la guerra contra el narcotráfico en México es extensa, y el fracaso en la localización de desaparecidos por parte del Estado es recurrente, especialmente en Tijuana. Por lo tanto, la existencia de los colectivos de búsqueda puede ser una señal de fortaleza de un pueblo sediento de justicia, pero también visibiliza una tragedia nacional que parece no tener fin.
Alejandro Aldán Vázquez (Autor de la nota): pasante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Norteño y periodista en La Jornada Baja California.
