La Ley Federal para la Regularización del Cannabis que se presentó ante el Senado y la Cámara de diputados fue un importante avance para la despenalización de la planta; la iniciativa debe presentarse ante la Suprema Corte de Justicia a partir de febrero de 2021 y la recaudación de impuestos puede suponer una ventaja.
Pablo César Castañeda, socio de impuestos de la firma CAZA Consultores, señala que dicha Ley, no contempla ninguna ley fiscal y esta podría ser una de las ventajas de regularizar el uso del cannabis de manera recreativa.
La Ley Federal para la Regularización del Cannabis propone su uso personal, compartido por integrantes de asociaciones de consumo; su comercialización para uso adulto, para investigación y de manera industrial. La venta de cannabis psicoactivo (con 1% o más de THC) será permitida en establecimientos con licencia.
Se prohíbe su venta y consumo en menores de edad y niños, la incidencia de este caso significa una multa de hasta 268 mil 860 pesos. Para el autocultivo, será posible poseer hasta 4 plantas en la propiedad.
La reforma proveerá 5 tipos de licencias: Cultivo, Transformación, Comercialización, Exportación/Importación y de Investigación. Estas licencias serán excluyentes entre sí, es decir, se otorgará solo una a cada titular.
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Hasta el momento, señala Castañeda que el proyecto no incluye datos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); no obstante, Arturo Herrera, titular de Hacienda, aseguró que de ser aprobada la reforma, tendría que incluir IEPS.
Esta es justo una de las ventajas de la despenalización de la marihuana, se estima que la recaudación de impuestos sería favorecedora, argumentó Castañeda tomando por ejemplo al estado de California, en febrero de 2020 recaudó más de mil millones de dólares en impuestos obtenidos por la venta de la planta para consumo personal y recreativo.
En México, de acuerdo a los datos del CONADIC, en 2016 el mercado de cannabis representó el 8.6% del total de la población, si se aplica este porcentaje a los mayores de 18 años, la cifra sería de aproximadamente 8 millones de consumidores.
Sin embargo, Castañeda asegura que es importante aplicar una tasa adecuada. Que no sea tan baja que impida la recaudación proyectada ni una tan alta que propicie la venta clandestina.
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