Por: Rogelio Rueda Segura // D-FACTO

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al senado la iniciativa para erradicar el esquema de contratación “por terceros o tercerización”, conocida con el anglicismo outsourcing, en el que es evidente la precarización de las condiciones laborales, las irregularidades de las obligaciones fiscales de las empresas y sobre todo, el enriquecimiento y concentración de riqueza del sector empresarial nacional y extranjero a costa de la subordinación laboral de los trabajadores, condiciones sine qua non del neoliberalismo.

Las empresas privadas siempre han encontrado formas para llevar a cabo contrataciones al margen del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT), en complicidad con gobiernos neoliberales así como de sindicatos charros, han podido tomar todas las medidas convenientes para no aumentar salarios, no pagar impuestos o para que éstos les sean devueltos a través de argucias legales, elaborar registros imprecisos del número de empleados y hacer firmar a los trabajadores su renuncia con fecha abierta, desde el mismo momento en que firman su contratación.

Estas modalidades de contratación fuera del marco legal, han podido romper la normatividad que limita las jornadas de trabajo a 8 horas; desde los años 80 hasta la fecha, son miles los trabajadores que cumplen jornadas de más de 8 horas sin pagos extras como lo marca la ley; se calcula que esta cifra alcanza los cinco millones de trabajadores. La situación en el campo es aún más grave, constantemente podemos enterarnos por reportes periodísticos del empleo de menores de edad en labores agrícolas.

Estas subcontrataciones dieron oportunidad al sector patronal de jerarquizar y clasificar a sus empleados, si están en nómina, si son de confianza o son prestadores de servicios independientes. Sobre todo desde los años 80 ha habido una serie de denominaciones para disfrazar las irregularidades en la contratación de personal.

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Un ejemplo de ello es que a los trabajadores del campo se les sigue pagando bajo el esquema de “a destajo”, no es por las horas trabajadas, sino por la cantidad de  productos que logren recolectar, por ejemplo, el número de cubetas con jitomate que cada adulto o niño alcance a juntar; y además sin contar con algún tipo de seguridad o prestaciones de ley.

Otro ejemplo han sido los llamados “eventuales”, que son aquellos empleados que están a prueba de manera temporal esperando a ser contratados formalmente, pero deben esperar a que se abran plazas fijas, y así pueden esperar años e incluso suelen ser despedidos y nunca obtuvieron la plaza laboral a su nombre.

También hay los que son llamados trabajadores “por comisión”, a ellos se les contrata para realizar un trabajo específico en breve tiempo, se les paga por su labor y sólo se les vuelve a llamar cuando se les necesita; otros eran los empleados “auxiliares” o “independientes”, se decía que éstos podían gozar de su libertad laboral y del producto de su trabajo, eran “sus propios jefes”, libres de vender sus servicios a la empresa que ellos quisieran, sin pertenecer a ella; y por supuesto, sin que la empresa tuviera compromiso alguno con ellos.

Ya para los años 90 se les llamó Free Lance, se les considera agentes libres que no están obligados a cumplir con los horarios de las empresas, ellos “sólo” entregan algún producto que les es encomendado y son libres de ocupar su tiempo en otras actividades personales.

El común denominador siempre fue el mismo: generaciones de jóvenes y trabajadores contratados sin prestaciones de ley y con salarios ínfimos, y sin condiciones de reclamar algo a la empresa; siempre fueron “contratados” al margen de los estatutos del Contrato Colectivo del Trabajo y cuando las temporadas de labor se terminaban, estos empleados tuvieron la “libertad” de irse a morir de hambre a sus casas, sin pago de vacaciones, aguinaldos, horas extras ni nada por el estilo.

Fue desde el gobierno de Miguel De La Madrid (1982-1988), pero con mayor fuerza durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que México aplicó medidas políticas y económicas que ahora llamamos neoliberales, que consistieron básicamente en quitar al estado el control de los procesos económicos y dejando que éstos se rijan por las fuerzas de la oferta y la demanda, es decir, el libre mercado.

Se implementó una política de contención salarial a través de la desregulación laboral, el sector empresarial tuvo manos libres para liberar los precios de todos los bienes y servicios y los bancos elevaron las tasas de interés. Pero sobre todo, fueron impuestas nuevas reglas entre el sector empresarial en connivencia con el gobierno federal, para limitar la capacidad política de los sindicatos eliminando el contrato colectivo de trabajo y estableciendo ellos, los empresarios, salarios, prestaciones y nuevas condiciones laborales. 

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El mismo promotor de estas políticas neoliberales, Pedro Aspe Armella, que fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, explicó que las medidas neoliberales consistieron en “la estabilización de la economía a partir de un manejo realista del presupuesto, la privatización de empresas paraestatales, la reforma fiscal, la desregulación económica, la reforma financiera, la liberalización del comercio, la renegociación de la deuda externa y el fortalecimiento de la tenencia de la tierra es el nuevo camino con que el pueblo de México y su gobierno están llevando a cabo una ambiciosa reforma del Estado”. (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&p).

En el gobierno de Felipe Calderón, con el apoyo de los partidos PRI, PAN y PRD, dieron legalidad al outsourcing, lo llamó entonces “flexibilidad laboral”, pues en realidad este nuevo esquema de contratación por vía indirecta a través de agencias de contratación ya se venía practicando con anterioridad desde el gobierno de Vicente Fox.

La iniciativa presidencial, de lograrse, volvería a establecer reglas de control para regular las relaciones laborales y recuperar mejores condiciones para los trabajadores, tanto legales como salariales y sindicales; sin embargo, el retraso en propuestas finales producto de las mesas de trabajo entre gobierno federal y el sector empresarial evidencian que este proceso de regulación no será fácil, pues existen condiciones de poder y de intereses bancarios nacionales pero sobre todo extranjeros que no están dispuestos a perder privilegios y menos capitales que en México les han permitido obtener grandes ganancias como en ningún otro país.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial es que suprimir el outsourcing implicaría una aguda crisis económica, y reconocen que cinco millones de trabajadores mexicanos se verían afectados; por otro lado, diversas fuentes periodísticas han informado que representantes del vecino país del norte, tanto republicanos como demócratas, han manifestado su rechazo a la iniciativa nacional de eliminar este esquema laboral, porque arguyen que con dicha medida el gobierno mexicano puede transgredir los derechos de empresas extranjeras ya firmados en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), exponiendo a la economía nacional a una fuga de capitales y afectar la  inversión y el empleo. Es importante considerar que en México existen las condiciones sociales y mediáticas para no aceptar otra vez ni fácilmente, como durante tantos años de gobiernos priístas, que se nos vuelva a dar “atole con el dedo”. El gobierno del presidente López Obrador no la lleva nada fácil.

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