Pena máxima por el terrible delito de protestar”
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Este 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró de toda culpa al general Salvador Cienfuegos por vinculación con el narcotráfico; mientras que a la defensora de Derechos Humanos, indígena y feminista, Kenia Hernández, se le acusó formalmente por presuntos cargos de robo.
A la fundadora del colectivo Zapata Vive, Kenia Inés Hernández Montalván, la detuvieron el pasado 20 de octubre en la caseta de peaje de Amozoc, Puebla. La acusaron de robar a bordo de un vehículo de pasajeros. Desde entonces, Kenia está detenida y actualmente se encuentra en un penal de Guerrero.
Su abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero AC, Antonio Lara, denunció en varias ocasiones que la detención de Hernández Montalván se trata de un “montaje que solo busca castigarla por su activismo”.
Presa política por su activismo
La activista luchó por la libertad de mujeres presas injustamente en el penal de Chiconautla, en Ecatepec; acompañó a víctimas de violencia y feminicidio en Guerrero. La acusaron de dos delitos por robo con violencia y otro por ataque a las vías generales de comunicación, todos del fuero federal.
Desde 2019, Kenia Hernández es presa política en el estado de Guerrero, al punto de tener que desplazarse por la insistencia de las autoridades para llevarla a la vía judicial. Por tal motivo, se convirtió en beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, su persecución continuó en el Estado de México. El 06 de junio de 2020 detuvieron a la activista en la caseta Hortaliza – Valle de Bravo junto a dos menores de edad.
Ellas circulaban cerca del lugar, cuando trabajadores de la caseta y vehículos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, las rodearon y bloquearon el paso. Luego, como si de verdaderas delincuentes se tratara, arribaron al lugar 8 patrullas para proceder con la captura.
La orden de detención no estaba debidamente acreditada, y fue hasta un día después de la detención que les notificaron las causas oficiales del arresto: supuestos cargos de robo con violencia.
La fiscalía mexiquense, acusó a la activista de usar una pistola para cometer el robo de tarjetas de crédito y 500 pesos en una caseta de Ecatepec, durante el mes de marzo.
Pese a los testimonios de la acusación, Kenia Hernández, por ser beneficiaria al mecanismo de protección de defensoras de Derechos Humanos, comprobó que ese día se encontraba en su domicilio resguardada. Autoridades tuvieron que liberarla, aunque lo hicieron bajo reservas.
Segundo “montaje”
Cuatro meses después de su detención en junio, el 20 de octubre la arrestaron una vez más en una caseta de peaje, ahora en Amozoc, Puebla. Se presume que su aprehensión fue con lujo de violencia.
El arresto se produjo cuando, Hernández y otros ocho compañeros del colectivo Zapata Vive, regresaron de una actividad en Puebla. En un supuesto retén, las autoridades arrestaron a Kenia sin ninguna orden de aprehensión, bajo la acusación de robó en un camión de pasajeros.
Luego, la trasladaron al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Almoloya, en el Estado de México, donde días después recibió su tercera orden de aprehensión.
Tercera orden de aprehensión para Kenia Hernández
Tras pagar una multa de 30 mil pesos, se esperaba que Kenia Hernández saliera libre de prisión. Sin embargo, antes de poder excarcelar, la FGR pidió una nueva orden de aprehensión, esta vez por el delito de “ataques a las vías de comunicación”, previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
El juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, José Migel López Rodríguez, aprobó la nueva orden.
La ejecutaron el 25 de octubre a las dos de la mañana; mientras Hernández dormía en el CERESO de Almoloya, agentes ministeriales llegaron al penal para trasladarla a la cárcel de Acapulco, donde ha permanecido los últimos meses.
Kenia Inés, es ahora no solo una presa política, sino también un ejemplo de violencia institucional en contra de las mujeres cuando no son sumisas.
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