El pasado 16 de diciembre se cumplieron diez años del feminicidio de Marisela Escobedo. Un feminicidio que no sólo representa la violencia incesante hacia la mujer, sino la violencia de omisión que ejerce el Estado en México.
El caso de Marisela Escobedo cobró fuerza nuevamente, luego de que Netflix, estrenara un documental titulado: Las tres muertes de Marisela Escobedo.
En este, se narra la historia de la mujer, madre y activista que luchó hasta su último aliento para conseguir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, en 2008.
Marisela se dedicó a indagar y encontrar pruebas sobre el feminicidio de su hija que las autoridades ni siquiera buscaban. Así, consiguió un testigo del asesinato y dio con el culpable.
El feminicida de Marisol, fue su pareja, Sergio Rafael Barraza. Luego de que Barraza escapara, Marisela dio con su paradero en Zacatecas.
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Las autoridades lo detuvieron y aún obteniendo confesión de los hechos, lo absolvieron de los cargos y lo dejaron en libertad.
Una vez más, las autoridades le fallaron a Marisol y a su madre, por lo cual Marisela no cesó hasta que declararan culpable al feminicida de su hija y así lo consiguió, pero este ya se había fugado una vez más.
Marisela emprendió una marcha por todo el país, enfrentándose a cada procurador de justicia, exigiendo que el hombre que le arrebató la vida a su hija pagara con ello.
Al regresar a Zacatecas, con nula respuesta del gobierno de Calderón, se encontró de nuevo con el feminicida. Alertó a las autoridades y organizaron la detención pero Barraza volvió a escapar.
Marisela, sin darse por vencida, volvió a encontrarlo, sin embargo, el feminicida se había integrado al cartel de los “Zetas”, que en esos años, manchó de sangre todo el país.
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La madre volvió a Chihuahua y entregó toda la información que tenía sobre el caso al gobernador entrante, César Duarte. En dicha declaración, supuestamente, Marisela hacía referencia a la relación del funcionario con el crimen organizado.
Ya habían transcurrido dos años del violento feminicidio de Marisol. Su madre, sin descanso, realizó un plantón día y noche en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí encontró la ineptitud del Estado y la máxima expresión de impunidad.
El 16 de diciembre de 2010, un hombre bajó de un vehículo y disparó contra la activista. Marisela Escobedo fue asesinada mientras exigía justicia por el asesinato de su hija.
Tras la muerte de Sergio Rafael Barraza en un enfrentamiento armado en 2012, el gobierno de César Duarte aprovechó y cerró el caso de las Escobedo: Marisol y Marisela. Cuyos feminicidios siguen impunes.
La investigación complementaria del documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo señala un sinfín de irregularidades en el caso.
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El principal sospechoso del asesinato de Marisela, Andy Barraza, hermano del feminicida de Marisol, no ha sido citado a interrogatorio en estos diez años.
Según declararon las autoridades, el delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua durante 2010 y 2015, César Peniche, no logró encontrar y citar a Andy Berraza.
En 2011 el gobierno de Chihuahua señaló a Hector Flores Morán, alías El Payaso y en 2012 a José Enrique Jiménez Zavala, alías El Wi-cked, como culpables del feminicidio de Marisela sin ninguna prueba concluyente y con faltas al debido proceso.
Jiménez Zavala fue asesinado dentro de las inmediaciones del Penal de Máxima Seguridad Aquiles Serdán en 2014, tras haber solicitado el protocolo de Estambul, protocolo dedicado a investigar incidentes de tortura y agresión.
El Wi-cked declaró que había solicitado la investigación porque agentes de la fiscalía lo habían torturado para que se declarara culpable del asesinato de Marisela Escobedo.
Otra de las irregularidades del caso surge en 2011, cuando aparece el arma de fuego con la que se disparó a Marisela, tras un mensaje anónimo enviado a las autoridades en el que se indicaba su ubicación.
Tras nueve años de la aparición del arma homicida y la nota, aún no se tienen pistas sobre quién los dejó en la ubicación.
A diez años del violento silenciamiento de Marisela Escobedo, Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión de los Derechos Humanos, recalca que no se ha hecho justicia y no ha habido ningún tipo de solución eficiente por parte del gobierno de Chihuahua.
Se ha reabierto la revisión de la recomendación 44/2013, en la que queda documentada la violacion al acceso a la justicia, los derechos, legalidad, seguridad pública, trato digno y a procuración de justicia de las autoridades chihuahuenses.
El caso Escobedo ha pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se le notificó al Estado mexicano sobre la petición 44/2013 y se le solicita una respuesta en máximo tres meses.
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El presidente López Obrador le ordenó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que atienda el caso.
Ante esto, Rosario Piedra Ibarra ha declarado que el CIDH sí trabajará en conjunto con Encinas. Sin embargo, se encuentran de lado de la familia Escobedo y su principal objetivo es la resolución del caso.
Este caso es uno de los muchos feminicidios que permanecen impunes en México. Feminicidios orquestados en complicidad con el silencio, corrupción e ineficacia del Estado.
Acertado es el encabezado de esta nota periodística; sin duda, el silencio nunca ha formado parte de aquellos que se dedican al razonamiento. Gracias por esta labor social; gracias por los ánimos; gracias por enseñarnos sobre la importancia de enaltecer la voz. Una vez más, Maricela Escobedo hace protesta para que se haga justicia, y notas como esta, son prueba contundente de que no se ha rendido, que no nos hemos rendido para poner un fin a los feminicidios, a la impunidad. Queremos una vida justa; cambiemos nuestra realidad.