El 29 de octubre de 2021, el Congreso de Baja California aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación ante cualquier causal, incluyendo la de libre decisión de la mujer o persona gestante.
Entre las modificaciones que se aplicaron al Código Penal del estado, se encuentra que: “el aborto no será punible ni perseguido si: el embarazo es resultado de una violación, es aborto terapéutico, el producto presenta malformación o por libre decisión de la interrupción”.
Sin embargo, en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso a Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California, aseguró que “de más de 200 personas, 159 han abortado”.
“El resto, afortunadamente, han podido ser disuadidas de que pudieran continuar con el embarazo”, declaró el secretario de Salud de Baja California.
Además, asegura que el proceso de “disuasión” se da porque cuando llega una mujer o persona gestante a solicitar una interrupción legal del embarazo, las vinculan al área de psicología para cuestionar sus razones y las llevan a “desistir” de esa decisión.
Se debe respetar el derecho a decidir libremente: CEDHBC
Ante estas declaraciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California exhortó a la Secretaría de Salud a respetar el derecho a decidir libremente de las mujeres y personas gestantes y evitar los intentos de disuasión ante la solicitud de la interrupción del embarazo.
Asimismo es necesario subrayar que el Decreto No. 36, que contiene las reformas relacionadas a la despenalización del aborto, permite la interrupción del embarazo ante cualquier causal, incluso la libre decisión, antes de las 12 semanas de gestión.
El ombudsperson, Miguel Mora, señaló que partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho a la protección de salud y así, al derecho a la autonomía reproductiva.
El paternalismo del Estado en el marco de la legalidad
Queda claro que en el tema del aborto aún existe estigmatización, paternalismo y limitaciones por parte del Estado, incluso en el marco de la legalidad, a casi un año de la despenalización en Baja California.
Los señalamientos y la revictimización para las mujeres y personas gestantes que deciden acudir al ámbito público para interrumpir sus embarazos no deben continuar sucediendo, ya que la “disuasión” y el cuestionamiento a las razones, viola el derecho a la libertad de elección y deja a las mujeres y personas gestantes en una situación vulnerable y de culpabilidad.
En esta conferencia de prensa, el secretario de salud también señaló que “no deberíamos llamarlo aborto”, asumiendo una postura moralista que continua estigmatizando este procedimiento y la forma en la que se nombra. Sí es una interrupción del embarazo pero también es un aborto y no debería ser censurado su enunciamiento como tal.
Por lo tanto, ante la legalidad, es necesario continuar exigiendo el acceso a aborto libre, sin intentos de disuasión, para todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que deseen no continuar con el embarazo.
