Por Abraham Rubio y Miguel Silerio / Yo Ciudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Dos semanas después de cambiar de nombre, giro y propietarios, la empresa Aval Comercializadora se convirtió en la principal proveedora del municipio de Juárez y el DIF local para suministrar con despensas a la población afectada por la contingencia sanitaria de la Covid-19. Esto ocurrió durante los últimos años de la administración Armando Cabada Alvídrez, quien se desempeñaba como alcalde.

Entre 2020 y 2021, la compañía recibió nueve contratos de distintas dependencias en Ciudad Juárez por un monto superior a los 65 millones de pesos. La empresa, que días antes de sus primeros contratos se dedicaba a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial, fue contratada para suministrar despensas, servicios de banquetes y hasta pavos para las fiestas decembrinas.

Aunado a la operación del cambio de giro exprés para ser contratada por el gobierno, uno de los contratos más cuantiosos que recibió Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. se realizó de forma irregular en los plazos y violó artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, según documentó la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Este caso presenta múltiples riesgos de corrupción según las organizaciones de la sociedad civil Plan Estratégico de Juárez y Karewa, en tanto que el órgano fiscalizador tiene abierta una investigación a la cual deberá dar seguimiento la Contraloría Municipal de la administración del actual alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Aval Comercializadora no existía hasta 2020. En menos de un mes se convirtió en la principal empresa proveedora de despensas del municipio durante la contingencia por Covid-19.

La empresa fue fundada en 2013 con el nombre de ‘Ideas, Hardware y Aplicaciones’ y estaba dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial. Esta cambió su nombre el 21 de febrero de 2020 y pasó a ser propiedad de César Alberto Rivera Ponce y Héctor Romano González, este último también funge como gerente general de la misma.

Héctor Romano González es un empresario originario de la Ciudad de México que fungió como subdirector de la Dirección de Limpia en 1991, cuando Carlos Ponce Torres ocupó como suplente la Presidencia Municipal de Juárez, cargo que repitió recientemente con Armando Cabada Alvídrez (2018-2021), de acuerdo con registros periodísticos. Asimismo, Romano González fue suplente del diputado estatal priista Luis Parra Orozco en la LVI Legislatura del Congreso de Chihuahua (entre 1989 y 1992).

En su perfil de redes sociales, Romano aparece en fotografías en reuniones del Comité Directivo Municipal del PRI, junto a figuras relevantes de ese partido en Chihuahua, como Adriana Terrazas, actual presidenta del Congreso del Estado; Lilia Merodio Reza, quien hasta abril de este año era secretaria de Desarrollo Rural, y Fernando Motta Allen, jefe de división de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas (COEPI) en Juárez. Además, aparece acompañando a este último en actos de campaña de 2018 (cuando Motta Allen buscó la diputación local del Distrito 7) y como parte de la Logia Masónica Cosmos.

El mismo día en que la empresa cambió su nombre a Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. y Romano González asumió su gerencia, modificó también su giró a la “compra, venta, preparación, comercialización y distribución de alimentos (…) mediante la entrega de despensas alimenticias”.

En menos de una semana, la empresa que permaneció sin cambios durante siete años y que se dedicó a los servicios de seguridad y vigilancia industrial fue adquirida para dedicarse al suministro de alimentos a la administración municipal.

Apenas dos semanas después de los movimientos ante el Registro Público del Comercio, el 9 de marzo de 2020, la empresa firmó sus primeros dos contratos para el suministro de despensas al DIF Municipal por un total de 19 millones 700 mil pesos.

El primero de estos fue el DIF/DP/06/2020 por 8 millones –mediante la licitación pública en la cual fue la única participante– y el segundo fue DIF/Covid-DP/01/2020 por 11 millones 700 mil pesos mediante una adjudicación directa.

Todo esto sin siquiera formar parte del padrón municipal de proveedores, pese a que el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua establece como obligatoria la constancia de registro para firmar contratos con el gobierno:

“La persona interesada recibirá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro en el Padrón, con la que podrá celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con los entes públicos. La constancia en el Padrón de Proveedores tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su recepción durante el año fiscal en el que se tramite”

El 26 de marzo de 2020, Aval ingresó al padrón y al día siguiente, el 27 de marzo, obtuvo su primer contrato millonario por adjudicación directa (DCA-DGDS-088-2020) con el municipio: 12 millones 547 mil 500 pesos para dotar de 50 mil despensas a la Dirección General de Desarrollo Social Municipal.

El mismo día Aval firmó otro contrato con el DIF municipal (DIF/CF/011/2020) para la prestación de servicios de banquetes y coffee break por un monto máximo de 2 millones 500 mil pesos, como única empresa participante del concurso de licitación.

Rascón Rodríguez explicó que cuando se realizó la auditoría no se encontró evidencia clara, como lo marca la ley, de la entrega directa a los beneficiarios debido a las precauciones que algunos trabajadores de la dependencia y beneficiarios tomaron por la pandemia. Sin embargo, la ASE no dio seguimiento a la observación debido a que no es posible asegurar que no fueron entregadas.

“En este caso no teníamos elementos suficientes y contundentes, como en el caso anterior, para poder acreditar un incumplimiento a la norma en la parte del soporte documental por tratarse de una situación de emergencia, en la que efectivamente el ente presentaba muchos retos para poder obtener todos estos documentos que acreditaron la entrega de los bienes”.

Border Hub tuvo acceso a las bases de datos del DIF y se observó que la descentralizada no registró de forma estandarizada la entrega de las despensas: en el segundo y tercer trimestre de 2020 aparecen listas de las personas que recibieron las despensas, pero algunas no cuentan con firmas ni copias de las credenciales de elector de los beneficiarios.

Los listados muestran que las despensas fueron entregadas en colonias en donde el 49.7 por ciento de la ciudadanía siente que el ingreso familiar total es insuficiente para sobrevivir, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana “Así Estamos Juárez”, un sistema de indicadores de calidad de vida a cargo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.

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Los registros del primer semestre muestran que el DIF entregó despensas principalmente en colonias ubicadas al poniente de la ciudad, como la Pánfilo Natera, Juanita Luna, Ladrillera, Luis Olague, Granjas de Chapultepec, Puerto La Paz, Nueva Galeana, Fronteriza Baja. La descentralizada también entregó la ayuda en centros comunitarios y comités vecinales en zonas céntricas y del sur oriente de la ciudad.

En lo que respecta a la información oficial, tanto el gobierno municipal como el DIF de Juárez han difundido fotografías de la entrega de despensas y kits de limpieza para la atención de poblaciones vulnerables durante la contingencia por la pandemia. Incluso, en algunos eventos de entrega de despensas aparecen el expresidente municipal Armando Cabada Alvídrez y la presidenta del DIF, Alejandra Cabada.

Border Hub visitó la colonia Industrial (ubicada al poniente de la ciudad) y la colonia Alcaldes (al suroriente) donde personas beneficiarias aseguraron haber recibido las despensas.

“Nuestra despensa nos la daban cada bimestre, ahora con la pandemia no estuvimos asistiendo al grupo (del adulto mayor del DIF): ellos nos llamaban por teléfono y ya nosotros recogíamos nuestras despensa, pero siempre nos apoyaron; solo llevábamos nuestra copia de la credencial de elector”, dijo María de Lourdes Cortinas (71 años de edad), vecina de la colonia Alcaldes.

“Las recibimos a sana distancia: la persona encargada nos decía que fuéramos a tal hora e íbamos. Nomás llevaba uno la copia de la credencial de elector y luego firmaba (…) siempre que íbamos ahora con la pandemia, nos daban dos despensas juntas”, agregó Obdulia Salazar Salas (74 años), vecina colonia Porfirio Silva.

Ven riesgo de corrupción compra de despensas; ‘abusaron de contrataciones durante contingencia’

De acuerdo con Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de Contraloría Social de la asociación Plan Estratégico de Juárez e integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana municipal, los tiempos en los que se realizaron las compras de despensas y los diversos cambios en la empresa Aval Comercializadora representan un riesgo de corrupción que debe ser investigado por las autoridades correspondientes; en este caso, dijo, la Contraloría y la Sindicatura municipal.

El proyecto de Contraloría Social que encabeza Chacón, conocido como RegidorMX, mantiene un portal web vigilancia a las contrataciones del gobierno municipal de Juárez, llamado ‘¿A dónde va tu dinero?’, que especifica los montos de los contratos, proveedores, plazos y métodos de contratación. Asimismo, cada año presenta un informe que mide el riesgo de corrupción en las contrataciones, con base en la metodología ‘Mapeando la corrupción’, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Genera muchas dudas cómo un proveedor, una empresa sin experiencia en el giro, (porque antes tenía otro giro) … tenga tantos contratos por tantos millones de pesos. Esto genera muchas suspicacias y representa focos rojos, riesgos de corrupción. Esto sin duda es algo que tendrían que estar revisando las autoridades competentes para el caso, las que deberían estar revisando las formas, los procesos que se lleven a cabo adecuadamente como la contraloría municipal o la sindicatura”, señaló.

De acuerdo con Chacón Rodríguez, los lineamientos que permitieron la contratación excepcional de las despensas por la contingencia sanitaria atendían a la necesidad real de contar con los insumos rápidamente, pero también se prestaron a un “abuso” de parte de la autoridad municipal, que los usó de forma discrecional.

“Los lineamientos se prestaron a que las contrataciones fueran en muchos casos muy discrecionales (…) hubo mucho abuso de esos lineamientos, se entiende de alguna forma la necesidad o la urgencia de atender la pandemia; pero sin duda hemos visto un claro abuso de esos lineamientos, los cuales dejan un lugar a un alto riesgo de corrupción”.

De acuerdo con Lissette Chávez Mendoza, coordinadora de contraloría social de la Karewa, una asociación de la ciudad de Chihuahua dedicada al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y la vigilancia ciudadana, la relajación de los criterios de contratación dejó muchos dudas sobre el uso eficiente los recursos públicos

El acuerdo 058/2020, emitido en abril de 2020, facultó a las dependencias estatales y gobiernos municipales para “sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o internacional para desarrollar sus funciones durante la emergencia sanitaria”.

La especialista comentó que los lineamientos derivados del acuerdo se antepusieron a la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua y causaron dudas sobre si los proveedores e insumos adquiridos eran los ideales.

“(El procedimiento) nos deja con dudas porque nos hace pensar que la Ley se puede cambiar o se puede dejar de lado muy fácilmente (..) se dio carta blanca para no cumplir con las obligaciones de transparencia y que todas las contrataciones, por la contingencia, fueron por adjudicación directa. Esto nos deja pensando si realmente se cumple uno de los propósitos de la contratación pública, que es adquirir todo al mejor precio, con la mejor calidad y la mayor transparencia posible”, comentó Chávez.

Asimismo señaló que los cambios en los procesos de contratación, en algunos casos, beneficiaron a empresas constituidas para tal propósito.

La coordinadora consideró inevitable que no hubiese beneficiados durante la pandemia por Covid-19, sobre todo algunas empresas que ya se encontraban constituidas de cierta forma para cumplir con tales requerimientos.

“Nos queda la incertidumbre de si realmente las empresas que se beneficiaron de este tipo de contrataciones eran las correctas (…) porque sin lugar a dudas alguien resultó beneficiario de esto”, dijo Chávez.

Abelamar Chacón opinó que con cada cambio de administración municipal, el grupo político en el poder suele beneficiar con contrataciones a ciertos grupos empresariales que le son afines, mismos que participan en concursos de licitación con información privilegiada o reciben adjudicaciones directas no justificadas.

El último contrato municipal que ganó Aval fue para proveer 42 mil 808 despensas por 12 millones de pesos, en febrero de 2021, seis meses antes de que terminara la administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez. Desde el cambio de gobierno, con la llegada de Cruz Pérez Cuéllar a la alcaldía en septiembre de 2021, no ha obtenido ninguno.

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